Es por efecto de la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump, que ha transformado el ingreso ilegal en el país en un delito.
Son todavía 711 los menores que el Gobierno de Donald Trump no ha devuelto porque sus padres no cumplen con los requisitos para una entrega en condiciones seguras. Por diversos motivos: entre ellos, que los vínculos parentales no se habían podido comprobar, que los padres tuviesen antecedentes criminales o una enfermedad infecciosa, que no hubiesen podido ser localizados o que hubiesen sido deportados tras ser separados de sus hijos –caso de al menos 431 padres–.
Además de la separación y de las dificultades para reunir a los menores con sus padres, el Ejecutivo norteamericano por la política de su presidente empuja para deportar aprisa a muchos de esos adultos. Si bien hay una orden de una jueza de frenar temporalmente las deportaciones de las familias reunificadas para no vulnerar el derecho de asilo, el Gobierno insiste en la corte en que se revierta esta decisión para deportar “inmediatamente”.
Se opone a ello la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y reclama un margen de siete días para que los padres puedan ser asesorados por abogados sobre sus derechos y los de sus hijos. Los inmigrantes, según ACLU, están tomando decisiones contraproducentes bajo presión y señalan el caso en el que agentes de inmigración le dijeron a una madre que quería pedir asilo que, si lo hacía, el proceso tomaría de seis a ocho meses en los que no podría ver a su hija. Se menciona también el caso de padres “conducidos a salas con otras 30 o 50 personas” donde tuvieron que tomar “en tan solo unos minutos la decisión de dejar o no a sus hijos en Estados Unidos”.
Entre las familias que han sido reunificadas, “cientos”, informa el diario Los Angeles Times, han quedado en libertad con los adultos pendientes de una cita ante un tribunal de inmigración y por lo general con un localizador electrónico en el tobillo. Otras familias han sido recluidas en centros para familias inmigrantes. El diario informa que no se sabe cuál es el criterio para adoptar una medida u otra. En cualquier caso, el Acuerdo Flores, una norma de 1997, establece que ningún niño puede permanecer en un centro de detención más de 20 días, aunque esté con sus padres. El Gobierno trata de impugnar este acuerdo para poder retener más tiempo a las familias, pero una juez federal ha rechazado la petición. Defensores de los derechos de los inmigrantes se manifestaron este jueves en Washington en el Senado por la separación de las familias y el incumplimiento del plazo del juez para su reunificación. Cada vez más los congresistas y las empresas muestran su rechazo.
La crisis de los menores es fruto de la política del presidente Trump que está transformando la inmigración en la culpable de los problemas económicos y sociales del país. La intención es mostrar mano dura y desalentar la inmigración, por ello se dispuso que los indocumentados adultos fuesen procesados penalmente entrar al país sin permiso. Lo que antes era una medida administrativa, está siendo considerado un delito y por tanto se llega a separar padres e hijos, debido a que la ley prohíbe que los menores sean encarcelados con los adultos. El escándalo ha sido tal que el 26 de junio, Trump dio marcha atrás con las separaciones, y lo que queda es esta situación caótica, como muchos de los efectos producidos por el mandatario.
