En el Senado comenzaron las sesiones para decidir si se interrumpe o no el mandato presidencial.
El proceso de impeachment que puede destituir a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, hoy suspendida, entró en su fase final que se lleva a cabo en el Senado. Ayer se declaró abierta la primera sesión que durará hasta la semana que viene y durante la cual se escuchará a testigos de la acusación y la defensa y a la propia Rousseff.
“El Senado está reunido para actuar como órgano juzgador, con la grave responsabilidad constitucional de decidir sobre una presidenta elegida por el voto popular, para condenar o absolver”, declaró el presidente de la Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandoski, que es el órgano que ha convocado las sesiones como garante constitucional del proceso.
“Los senadores se convierten ahora en verdaderos jueces y, por tanto, deben dejar de lado sus preferencias políticas y personales”, para “actuar con la máxima exención y objetividad” y evitar “todo comportamiento que pueda suponer favoritismo o predisposición” en relación al caso, añadió el juez.
La razón de estas palabras se encuentra en la Constitución que establece que el impeachment no se puede realizar por motivos políticos (de hecho, es un error calificar de juicio político este proceso) sino exclusivamente por razones jurídicas. El argumento principal de Rousseff es precisamente el de la ausencia de argumentos jurídicos en su juicio, en el que han primado argumentos políticos, como el de la crisis económica que azota el país y su incapacidad de afrontarla eficazmente.
La sesión comenzará con testimonios de fiscales del Tribunal de Cuentas, órgano auditor del Estado que detectó las irregularidades en la gestión de los presupuestos que llevaron a la apertura de este proceso que, entre el martes y miércoles próximos, concluirá con una decisión final sobre el destino de Rousseff. Los fiscales convocados por la parte acusadora ya se han manifestado, en las fases anteriores del proceso, sobre el caso y asegurado que Rousseff incurrió en irregularidades “graves” en el manejo de los presupuestos. Según la acusación, eso configura un “delito de responsabilidad”, contemplado en la Constitución brasileña como un posible motivo para un juicio con miras a la destitución de un presidente.
En la etapa que comienza hoy también se escuchará a otros seis testigos presentados por la defensa de Rousseff, que niega todos los cargos y sostiene que el juicio tiene un carácter netamente político y constituye en realidad un “golpe parlamentario”. En favor de Rousseff declararán su exministro de Hacienda Nelson Barbosa y otros exfuncionarios de su Gobierno, así como dos expertos en finanzas públicas de universidades federales.
El Senado calcula que terminará de escuchar a los testigos la noche de este viernes o durante la madrugada del sábado. El lunes será escuchada la propia Rousseff durante un espacio de 30 minutos, tras lo cual deberá responder a las preguntas que pueda formular cada uno de los 81 senadores.
Según las previsiones del Senado, tras escuchar a Rousseff, se abrirá un espacio para debates y, una vez concluidos, se procederá a la votación que decidirá la suerte de la mandataria, la cual sería realizada el martes o miércoles.
Para destituir a Rousseff es necesaria una mayoría calificada de 54 votos, los dos tercios de los escaños del Senado. Pero en las fases anteriores, contra la presidenta ha votado una cantidad incluso mayor de senadores, por lo que aparece muy difícil que se logre revertir este resultado.
En caso de que se vote por la destitución, el presidente interino Michel Temer será confirmado en el poder hasta el 1 de enero de 2019, cuando le entregaría el cargo al ganador de las elecciones previstas para octubre de 2018. Viceversa, en caso de que Rousseff sea absuelta, Temer volverá a ocupar la Vicepresidencia, aunque es más probable que su enemistad con Rousseff lo lleve a presentar renuncia.
