Los negociadores del Gobierno señalaron que hubo más contactos reservados para establecer una agenda de trabajo. Las reuniones contaron con los auspicios de la UNASUR.
Mientras sigue la pulseada entre el Gobierno y la oposición en Venezuela, avanzan las gestiones que tienen el objetivo de conducir a un diálogo político. El alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez (foto), quien forma parte de la representación del Gobierno en estas gestiones aseguró a la prensa que “se han dado dos reuniones preparatorias (…) para la instalación formal de ese proceso de diálogo”.
Rodríguez señaló que por el oficialismo es acompañado por la canciller Delcy Rodríguez, el diplomático Roy Chaderton, el diputado Elías Jaua, mientras que los opositores están representados por cuatro figuras que se excusó de indicar.
Hace dos meses, las crispaciones han aumentado entre el oficialismo y la oposición, luego de que fueran detenidos militantes de Voluntad Popular (VP), el partido del opositor preso Leopoldo López, y otros adversarios de Maduro, con la acusación de conspirar para desestabilizar al Gobierno.
Los contactos han sido auspiciados por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que a su vez designó como mediadores al ex-presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y a los ex-mandatarios de República Dominicana y Panamá, Leonel Fernández y Martín Torrijos, respectivamente.
En las reuniones se avanzó en la definición de una agenda para la instalación del diálogo definitivo, cuya discusión continúa. Rodríguez recordó que los primeros contactos entre mediadores y líderes políticos se dieron por separado en República Dominicana, donde se definieron los puntos a tratar: la paz, la justicia, el estado de derecho y la convivencia entre los poderes públicos.
Uno de los puntos delicados de la agenda es la realización del referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, promovido por la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), debido a la fuerte contraposición de posturas: para la oposición es un requisito irrenunciable, por su parte el chavismo afirma que no negociará con la oposición “la perpetración de delitos electorales”, un proceso que el chavismo ha calificado de fraudulento en reiteradas ocasiones.
Por otro lado, no hay unanimidad de criterios entre los opositores. Las conversaciones son cuestionadas por Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda y ex-candidato presidencial, quien mantiene “reservas” con las últimas decisiones de la MUD, a las que apoya por disciplina partidaria pero que denunciará “si hay un milímetro de negociación turbia que comprometa al país”, sostuvo. Otros líderes temen que las negociaciones sean un recurso del Gobierno para ganar tiempo y frenar el proceso del referendo revocatorio temido por el oficialismo ante la caída de la popularidad de Maduro.
El Consejo Electoral no ha precisado la fecha para la recaudación de un 20% de las firmas de los votantes para activar el proceso. El chavismo sostiene que ha habido fraudes en las etapas anteriores previas a la activación del referendo.
Según establece la Constitución, la fecha para convocar el referendo es determinante. De celebrarse antes del 10 de enero, es decir, antes de cumplirse la mitad del mandato presidencial, si la oposición logra los votos necesarios, se procederá a convocar a una nueva elección presidencial. Viceversa, si es luego del 10 de enero, y la oposición logra revocar el mandato de Maduro, asumirá sus funciones el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz.
