Argentina y Chile presentaron el proyecto binacional que costará unos 1.400 millones de dólares y será financiado por el BID.
Los Gobiernos de Chile y Argentina presentaron ayer en Santiago el proyecto para diseñar y construir el túnel de Agua Negra, parte esencial de un corredor vial que unirá el sur de Brasil, desde porto Alegre pasando por el norte Argentino, la provincia de San Juan, finalizando en el puerto chileno de Coquimbo. El túnel se realizará a 3.800 metros de altura y cruzará 13,9 kilómetros de montañas evitando de este modo que las nieves invernales impidan el paso.
Las autoridades presentes dieron a conocer las cifras de este proyecto estratégico que une la orilla atlántica del Cono Sur con la orilla pacífica. En los próximos meses se realizará la primera etapa con el llamado a la calificación previa de las empresas que quieran presentar ofertas para adjudicarse la licitación de las obras. Éstas tendrán un costo aproximado de 1.414 millones de dólares y serán financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Indudablemente, la obra tendrá repercusiones en las conexiones viales entre Argentina y Chile principalmente. El túnel de Agua Negra puede ser una excelente alternativa para la mercadería
que debe salir desde el Pacífico utilizando el paso del Redentor y los puertos de Valparaíso o San Antonio. Sin embargo, al menos un mes al año, el paso del Redentor debe cerrarse por la acumulación de nieve que impide el tránsito. Por su parte, la provincia de San Juan ya ha realizado las obras de mejora de 300 km de la ruta que conecta del lado argentino con el paso de Agua Negra.
En la presentación del túnel, también se anunció que entró en vigor un convenio bilateral que pone fin a la doble tributación, con el que se busca impulsar una mayor rentabilidad para las empresas de ambos países. También se implementará el intercambio de información que hará más eficiente y más efectiva la integración de empresas de los dos países y de los registros tributarios.
El acuerdo elimina la doble imposición internacional a la que estén sujetos los contribuyentes que desarrollan actividades transnacionales, reduciendo así las barreras fiscales al flujo de capitales y servicios. El sistema prevé que las empresas podrán descontar en el propio país los impuestos que pagan al otro lado de la cordillera.
