Cinco durante el último fin de semana y más de 50 fueron muertos en lo que va del año. Desde 2011 son cientos los miembros de organizaciones sociales asesinados a tiros.
Mientras el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y las FARC ponderan positivamente el nuevo acuerdo de paz alcanzado hace poco más de una semana, en varios municipios del país se sigue viviendo un clima de violencia. Cinco miembros de asociaciones campesinas y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Caquetá, Meta y Nariño en los últimos días, pero se señala que en lo que va del año unos 50 miembros y líderes de organizaciones de la sociedad civil han sido asesinados.
Los ataques de estos días tuvieron como blanco a Erley Monroy (foto), un líder de la Asociación Campesina Ambiental del Lozada Guayabero, asesinado el viernes pasado en San Vicente del Caguán. “Con el asesinato de Erley se priva a una familia y a toda una región de la alegría de un hombre ejemplar, comprometido con su comunidad, con la región, y con la construcción de un nuevo país, en el que la paz y la democracia sean algo real”, declaró la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia (DHOC). Sucesivamente fue atacado Hugo Cuéllar, otro dirigente de esa organización y presidente de la Junta de la Vereda La Victoria (La Macarena), víctima de un atentado cuando salía del entierro de Erley en San Vicente del Caguán por acción de dos sicarios. Se encuentra en cuidados intensivos.
Se señala que en ese municipio no pocos habitantes y líderes sociales temen por sus vidas desde que han circulado panfletos firmados supuestamente por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “Llegamos al Caquetá y estamos para quedarnos. Milicianos y testaferros de las FARC, venimos a hacer limpieza de San Vicente, Puerto Lozada y Meta”, se lee en un panfleto.
En San Vicente del Caguán y muchas organizaciones reclamaron al alcalde, Humberto Sánchez, por la seguridad. Sánchez ha sido un fuerte crítico del proceso de paz y pertenece a la corriente del ex presidente Álvaro Uribe.
Otros asesinatos fueron perpetrados en La Macarena (Meta), donde mataron al presidente de la Junta de Acción Comunal, y en Policarpa (Nariño), donde murió a tiros un miembro del movimiento Marcha Patriótica. Siempre en Nariño otro miembro de Marcha Patriótica se salvó de un atentado contra él.
Este movimiento denuncia que desde 2011 han sido asesinados más de 120 de sus integrantes, 17 en lo que va de este año. El líder guerrillero de las FARC Pablo Catatumbo ha reclamado por twitter la “aplicación inmediata (del) Acuerdo Garantías de Seguridad”, incluido en los acuerdos de paz.
También la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, se mostró alarmada ante un reporte en el que organizaciones de acción comunal advirtieron del homicidio de 33 de sus miembros durante 2016. “La Misión expresa su preocupación por las difíciles condiciones de seguridad que enfrentan los integrantes de organizaciones de acción comunal, movimiento históricamente afectado por el conflicto…Preocupa el reporte público presentado recientemente por las directivas de organismos acción comunal ante el Ministerio del Interior, que advierte sobre 33 homicidios, dos casos de desaparición forzada y múltiples situaciones de amenaza de comunales en todo el país, en lo corrido de 2016”.
Para la OEA, el asesinato de líderes sociales no sólo supone una revictimización del movimiento comunal, sino una fuerte afectación a las comunidades y las iniciativas que representan.
El presidente Santos ha reunido las autoridades en materia de seguridad y se ha anunciado el envío de más investigadores en las zonas donde se perpetraron los actos de violencia.
Estos episodios confirman, por un lado, que en Colombia se está lejos de haber derrotado y erradicado la violencia. Que es urgente cerrar el capítulo del acuerdo de paz con las FARC para concentrarse en la neutralización de las bandas criminales, conformadas por ex paramilitares, que infestan algunas regiones. Y que hay que asegurar en todo el territorio la presencia del Estado y la vigencia del imperio de la ley.
