Por razones diferentes, tanto desde la guerrilla de izquierda como desde la derecha lo acuerdos de paz generan incomodidad.
Uno de los efectos de los acuerdos de paz firmados en Colombia hace dos años es el blanqueo de muchas situaciones que deberían por tanto confrontarse con la realidad. Y no todos están dispuestos a aceptar este proceso.
No lo está Iván Márquez, el ex número dos de las FARC antes de transformarse en un partido político y negociador en Cuba de la paz, que acaba de volver a la lucha armada liderando un grupo disidente de guerrilleros. El disidente había sido designado senador, en el marco de los acuerdos de paz que concedieron al grupo diez bancas en el Congreso, pero nunca asumió y hace más de un año prefirió la clandestinidad. El sector se unirá a la guerrilla del ELN, pero por sobre todas las cosas seguirán creyendo en representar el legítimo “derecho universal de los pueblos de levantarse contra un opresor”. Márquez soslaya por completo que hubo un regular proceso electoral, en el que el partido FARC recogió apenas el 3% de los votos. A tal punto fue escaso el apoyo, que recién comenzada la campaña electoral decidieron retirar su candidato a la presidencia. La paz pudo esclarecer que el grupo es representativo de una exigua minoría de los colombianos y, con frecuencia, cosecha mayores rechazos. Márquez rechazó la oportunidad de servir como legislador y la chance del juego democrático para acrecentar el apoyo ciudadano y cree poder hacerlo desde una lucha armada que de democrático no tiene nada. Con razón, el líder del partido FARC ha calificado de “equivocación delirante” la decisión de los disidentes que habla desde una irrealidad de espaldas al sentir del país y del bien común.
Pero la paz asusta también a quienes desde el partido derechista Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, se oponen radicalmente al acuerdo de paz. Pese al respaldo internacional, a los reiterados fallos de la Justicia del país, en este sector hay quien insiste en anular lo pactado sobre todo en materia de justicia transicional. Su postura es que esto permitiría a los insurgentes armados y a responsables de crímenes de guerra de las FARC obtener generosas penas alternativas que le permitirían volverse respetables ciudadanos, legisladores y, por qué no, ministros o presidentes. Algo inaceptable.
La argumentación es muy parcial y no lo cuenta todo. Por ejemplo, que los crímenes de guerra fueron cometidos también por militares y paramilitares. La justicia transicional supone que para contar con los beneficios previstos es necesario confesar las propias responsabilidades, cooperar en esclarecer los hechos y prometer la no repetición del delito. El punto del establecimiento de la verdad de los hechos es lo que más atemoriza a sectores radicalizados de la derecha. Decenas de paramilitares y militares deberán elegir entre una dura condena de la justicia ordinaria o el beneficio de penas alternativas. Y obviamente prefieren no ser el chivo expiatorio mientras los principales responsables siguen libres como si nada. El temor es que si se establece la verdad de los hechos aparecerán también los vínculos de este sector político con los paramilitares y también será posible recorrer la cadena de mando que llevó a asesinar extrajudicialmente a más de 4.000 personas. Estas muertes, a veces se trataba de civiles inocentes, eran presentadas como enfrentamientos armados con la guerrilla y servían para “cumplir” con las cuotas mensuales de insurgentes eliminados requeridas a cada unidad militar desplegada. Esa cadena de mando podría salpicar incluso al ex presidente Uribe.
La verdad, por tanto, da miedo. Da miedo a quienes siguen especulando con la lucha armada, y también a quienes la combatieron de la manera que fuera. En ambos casos, con completa despreocupación por el principal bien común que es la pacificación de Colombia. Y es por ello que la sociedad civil colombiana e internacional está convocada a seguir apostando a la paz para salir del túnel de la violencia política.
