En cinco días más se pronunciará sobre su enjuiciamiento. Luisa Ortega Díaz es crítica de la ruptura del orden democrático en el país.
La pulseada entre el régimen del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, tuvo ayer un nuevo capítulo. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombró a una nueva vice fiscal, posiblemente, preparando el terreno para la destitución de Ortega, una chavista que manifiesta su disidencia contra la ruptura del orden democrático en la que ha incurrido el régimen.
La recién nombrada vice fiscal general, Katherine Harrington, en efecto, en septiembre del año pasado manifestó, por carta, a la propia Ortega que no podía asumir el cargo de fiscal por haber sido vice ministra, al tiempo que integra la lista de funcionarios venezolanos con ingreso prohibido a los Estados Unidos y sus bienes en ese país congelados (y ya sería una pregunta cómo es que un funcionario de gobierno posea bienes en el país norteamericano). Harrington también ha sido acusada de haber querido inducir a un joven arrestado durante los disturbios de 2014 a que afirmara haber sido contactado por figuras opositoras para atentar contra la vida del entonces presidente Chávez.
Ayer los 32 magistrados de la Sala Plena del TSJ anunciaron que en cinco días decidirán si la fiscal general enjuiciada y eventualmente destituida de su cargo. Durante la vista de ayer, a la que la acusada decidió no concurrir, se la acusó de delitos y faltas que ella niega en modo tajante (mientras que su fiscalía era siendo allanada en busca de evidencias). “Quieren intimidarme, callarme para que no siga diciendo verdades. Todavía persiste en Venezuela la ruptura del orden constitucional (…) Esto es un golpe de Estado, más grotesco que el de Pedro Carmona”, sostuvo al comparar la solicitud de un juicio en su contra con el intento de golpe de Estado que en 2002 padeció el entonces presidente Hugo Chávez.
Ortega cuestiona la legitimidad del TSJ, y sostiene no haber participado de la reunión del Consejo Moral Republicano que seleccionó a fines de 2015 a 17 magistrados para incorporarlos al máximo órgano de la Justicia poco antes que finalizara el mandado de la Asamblea legislativa, en ese momento controlada por el chavismo, y asumieran los nuevos legisladores cuya gran mayoría es – en cambio – opositora. Los demandantes de Ortega, sostienen que la fiscal general cometió en faltas graves al negar su participación a esa reunión.
Pero el hecho es que el TSJ ha utilizado su poder para neutralizar el rol del Poder Legislativo con una secuencia de medidas, algunas de las cuales, groseramente lesivas del principio de separación de poderes y de la propia constitución. Algo que Ortega ha señalado con obstinación. Su actitud le ha valido incluso la acusación de instabilidad mental.
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