Martín Vizcarra ha disuelto el Legislativo y convocado a nuevas elecciones, cumpliendo con la norma que lo faculta para ello. Los parlamentarios lo suspendieron nombrando una presidente interina.
La crisis institucional en Perú ha ingresado en un camino imprevisto. Ayer el presidente Martín Vizcarra, cumpliendo con lo dispuesto por la Constitución consideró que por dos veces el Congreso no ha analizado un proyecto de ley que ha sido ingresado por el Ejecutivo con moción de confianza. Significa que se trata de un tema clave para el Ejecutivo y que debe ser considerado con prioridad. En julio el Congreso archivó sin analizar la propuesta del presidente de adelantar las elecciones ante el impasse institucional de la mayoría del Congreso que se opone al presidente frenando sus iniciativas en materia de reformas contra la corrupción. Ayer el Congreso volvió a ignorar la solicitud de confianza vinculada a un proyecto relativo al nombramiento de jueces del Tribunal Constitucional. Ante ello, Vizcarra consideró – como ya había advertido – que se trataba de un segundo rechazo a un tema sobre el cual había sido puesta la confianza – por lo que la carta magna lo facultaba para disolver el Legislativo y convocó a elecciones para el 26 de enero.
Lo que no estaba previsto es que sucesivamente, en ausencia de 50 de los 120 legisladores, la mayoría conformada por partidos de la derecha y la extrema derecha, entre ellos el fujimorista Fuerza Popular y el Partido Aprista, la oposición considerara la de Vizcarra una violación de la Constitución, por lo que procedieron a suspenderlo por un año y a nombrar como presidenta en funciones a la segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz.
El actual enfrentamiento se origina a partir de la intención de la oposición, que controla el Congreso, de nombrar los jueces del Tribunal Constitucional per la cesación del período de funciones de seis de siete de sus miembros. Ayer el Congreso quiso votar un primer magistrado, eligiendo a una figura cercana a las posiciones de la oposición. De los actuales miembros, cuatro de ellos son partidarios de las elecciones anticipadas, por lo que el nombramiento de uno solo a favor de la oposición cambiaría de inmediato la mayoría de los votos del Tribunal Constitucional. Por otra parte, los líderes de Fuerza Popular y del Partido Aprista han quedado gravemente salpicados por los escándalos por corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias por parte de magistrados que han otorgados favores a estas agrupaciones. No casualmente, Keiko Fujimori, máximo líder de Fuerza Popular está en prisión preventiva acusada de financiación ilegal y lavado de dinero, al tiempo que el líder aprista Alan García, se suicidó cuando la policía fue a detenerlo acusado de corrupción.
Vizcarra es apoyado por la opinión pública que ha manifestado en varias oportunidades su rechazo a la corrupción en los partidos políticos y entre los jueces. Ayer hubo mucho alivio y regocijo cuando se supo de la disolución del Congreso y la convocatoria para nuevas elecciones.
Hay mucha incertidumbre acerca del desenlace de la crisis institucional. El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse en este conflicto entre poderes del Estado. Pero ¿con qué integrantes, los actuales o con el nuevo integrante? Por otro lado, la cúpula de las Fuerzas Armadas ha reafirmado su respaldo al presidente Vizcarra como legítimo mandatario. Las próximas serán horas claves para el futuro de este país.
