Jimmy Morales prohibió el ingreso al país del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que cuenta con un mandato de la ONU.
Acosado por las acusaciones de haber financiado ilícitamente su campaña electoral, cuando era secretario general del partido que lo llevó al poder, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, volvió a acometer contra la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), organismo creado precisamente para poner fin a la corrupción en el país.
Ya el año pasado había intentado torpemente de impedir el trabajo de la Comisión. Esta vez prohibió el ingreso al país del jefe del organismo, el magistrado colombiano Iván Velázquez quien cuenta con un mandato de la ONU que participa de la formación de la Comisión. La CICIG existe por una disposición constitucional, por lo que la decisión de Jimmy Morales, como reacción a las investigaciones que lo acusan de recaudar fondos ilegalmente, se transforma en un problema institucional de proporciones puesto que desacata la aplicación de normas fundamentales. De hecho, otro escollo que se presenta en el camino del mandatario es el Tribunal Constitucional que no está avalando sus actos, y ha autorizado incluso un antejuicio contra el presidente, que puede terminar con su mandato.
Desde la sociedad civil se observa con inquietud la situación, y las protestas se han manifestado en las calles en varias ocasiones reaccionando a la pretensión de impunidad de Morales. Por otra parte, el país se cada vez más aislado internacionalmente como reacción a los desatinos legales del presidente. Morales es un actor televisivo llegado al poder con un discurso populista, centrado entre otras cosas en la lucha a la corrupción como a menudo ocurre en candidatos que no provienen de la política. Sin embargo, desde que asumió como mandatario, ha demostrado su impreparación para un cargo tan delicado. Un hermano y un hijo de Morales han sido procesados por fraude, también gracias a las investigaciones de la CICIG.
