Representantes de la sociedad civil y miembros del Ejecutivo integrarán el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el que canalizará las denuncias de la ciudadanía.
Que los efectos devastadores de la corrupción sean un problema para los Gobiernos y los líderes de América latina lo muestra la iniciativa del presidente de Ecuador, Lenin Moreno, de conformar un Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, integrado por miembros de la sociedad civil y del gobierno.
El flamante mandatario destacó como cualidad de sus integrantes el comportamiento ético. El Frente está conformado por el jurista Xavier Zavala Egas, Pablo Vanegas, el abogado Julio César Trujillo, Fabian Corral, el Arzobispo de Quito, Fausto Travez, Larissa Marangoni, Rosana Alvarado (ministra de Justicia), María Fernanda Espinosa (Canciller), la historiadora Tatiana Hidrovo, Andrés Mideros (secretario de Planificación), Francisco Borja (periodista, ex-embajador en EEUU) y Carlos Rabascall (periodista).
Este grupo recibirá y procesará denuncias de corrupción por parte de la ciudadanía, explicó el mandatario. Moreno dijo que algunos integrantes no han sido notificados aún porque la lista la elaboró la noche del domingo, pero cree que van a aceptar “porque saben que la corrupción es uno de los males que afecta a Ecuador y a la humanidad”. “Hago una invitación cordial a todas estas personas con el fin de que, de forma democrática, con actitud de entrega hacia la patria, acepten estas designaciones y el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción empiece a funcionar inmediatamente”, dijo el Jefe de Estado, que asumió su cargo el pasado 24 de mayo.
Moreno también señaló haber solicitado a la justicia brasileña la entrega de los nombres de las personas involucradas o acusadas de acuerdo a las delaciones que han realizado funcionarios de la constructora brasileña para que se pueda avanzar judicialmente. También añadió que se trabajará mucho en la promoción de valores (transparencia, honestidad, lealtad frente a la patria, etc.), principalmente con los jóvenes y niños, para evitar que a futuro se presenten este tipo de casos.
La iniciativa es de destacar, aunque cabe considerar que en estos casos más vale que entidades similares tengan total independencia del Ejecutivo. El hecho de que estén presentes miembros del Ejecutivo no lo asegura. En caso de que haya una acusación contra un par suyo: ¿qué harán?
Lo óptimo sería disponer de oficinas anticorrupción con suficiente autonomía y lideradas por fiscales especializados, junto con miembros de la sociedad civil, para no quedarse sólo con actos simbólicos o iniciativas que no tienen cómo derivar en procedimientos judiciales donde sea necesario.
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