El tráfico de madera ilegal alienta otros crímenes como deforestación, explotación laboral, tráfico e invasión de tierras, evasión tributaria y corrupción.
La tala ilegal de madera es el delito contra los recursos naturales que más ganancias genera en el mundo y el tercer crimen mundial más grande, de acuerdo con el informe titulado “Crimen trasnacional y el mundo en desarrollo”, publicado en marzo del 2017 por Global Financial Integrity, organización estadounidense que investiga los flujos financieros ilícitos.
El valor de ganancias que genera este crimen trasnacional a nivel mundial es calculado entre 52 mil millones a 157 mil millones de dólares al año, según la citada investigación. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que el 30% de toda la madera que se comercializa en el mundo es ilegal. Insight Crimen, centro de investigación sobre crimen organizado considera que la Amazonia es el ojo de la tormenta de la tala ilegal de madera. La tala, junto a la minería ilegal y el narcotráfico, son los crímenes más investigados en Latinoamérica.
Los bosques latinoamericanos son los segundos en ser afectados por la tala ilegal después de los bosques asiáticos, según el PNUMA. Sólo en el 2014, el valor total de la exportación de madera ilegal en bruto y aserrada desde Sudamérica alcanzó los 387 millones de dólares en promedio, de acuerdo con la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO).
Rolando Navarro, investigador del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), quien ha analizado de cerca el tráfico de madera ilegal a nivel sudamericano reveló a Noticias Aliadas que “más del 75% de la madera que se comercia en América del Sur, tanto a nivel interno como para exportación, no es legal”. La dimensión de los volúmenes de madera que se comercializan de manera ilegal en América Latina es increíble. A fines del 2012 la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) confiscó más de 50,000 m³ de madera ilegal, estimados en alrededor de US$8 millones, como resultado del Proyecto LEAF (Asistencia de las Fuerzas del Orden en Materia Forestal) realizado en 12 países latinoamericanos.
El tráfico ilegal de madera es un crimen organizado complejo y tiene muchos delitos que se suceden unos a otros como los anillos de crecimiento de un árbol. Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo del Perú, comentó a Noticias Aliadas que el tráfico de madera está vinculado con crímenes como la deforestación, la explotación laboral, el tráfico e invasión de tierras, la evasión tributaria, la falsificación de documentos, la corrupción estatal y hasta el asesinato de líderes protectores del bosque. “Dichos crímenes también persisten en el resto de países latinoamericanos y del Caribe, aunque con mayor incidencia en la Amazonía por la gran cobertura forestal que existe”, precisó Abanto. “Una situación común es que el tráfico ilegal de madera comience con la tala por parte de campesinos o indígenas que han sido contratados por un empresario maderero. Muchas veces ellos no saben que lo que hacen es ilegal y los empresarios se aprovechan de ello”.
El secreto de la rentabilidad de la tala y el tráfico ilegal de madera es el costo-beneficio. Veamos la dimensión monetaria de este negocio criminal en todo el ciclo de producción de la madera hasta su exportación: un talador gana en promedio 70 dólares por m³ de caoba peruana; sin embargo, el exportador de la misma madera gana 1.804 dólares por pie cúbico (0.028 m³), por otro lado, los importadores ganan hasta 3.170 dólares por m³, según Insight Crime.
“En medio de toda la circulación de la madera ilegal se está evadiendo impuestos”, afirmó Abanto. Navarro, por su parte, precisó que a partir de las especies maderables más comercializadas en el Perú se puede deducir las especies más solicitadas por el comercio ilegal a nivel sudamericano. La falta de información sobre el circuito del tráfico ilegal de madera es uno de los obstáculos para enfrentar al crimen en cuestión.
Entre las especies más comercializadas se incluyen a las siguientes: Cumala (Virola sp.), tornillo (Cedrelinga catenaeformis), capinuri o chimicua (Clarisia biflora), lupuna (Chorisia integrifolia), capirona (Calycophyllum spruceanum), shihuahuaco (Coumarouna odorata), cachimbo(Cariniana domesticata), copaiba (Copaifera reticulata); cumala (Virola sebifera) y catahua (Hura crepitans).
Las modalidades e impactos del tráfico de madera ilegal también están presentes en América Central y el Caribe. La investigación “A spatio-temporal analysis of forest loss related to cocaine trafficking in Central America” (“Análisis espacio-temporal de la pérdida forestal relacionada al tráfico de cocaína en América Central”), publicada en el mayo del 2017 por el portal científico IOPscience, hace referencia a la pérdida de bosques centroamericanos impulsada por el tráfico de cocaína. Debido a esta actividad ilícita Guatemala, Honduras y Nicaragua han perdido anualmente entre 15% y 30% de sus bosques en la última década, indica la investigación. Entre otros países cuyos bosques son afectados por el tráfico de cocaína están Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Panamá y República Dominicana.
La Agencia de Investigación Ambiental (EIA por su sigla en inglés), organización estadounidense que se dedica a estudiar el tráfico de madera ilegal, compartió información con Noticias Aliadas de algunos alcances para entender la dimensión del tráfico ilegal en América Latina. México es uno de los países latinoamericanos que adquiere grandes cantidades de madera “con riesgo de ilegalidad forestal en su cadena de valor”, según información compartida por Julia Urrunaga, directora en Perú de EIA. Casi la totalidad de la madera que México importa proviene de Brasil y Perú. De acuerdo con información publicada por IUFRO, basada en datos del Banco Mundial del año 2006, los porcentajes estimados de tala ilegal de madera en los países latinoamericanos son: Bolivia (80%), Amazonía de Brasil (20%-47%), Colombia (42%), Ecuador (70%). Si bien en el caso del Perú la cifra fue de 80% en el 2006. Navarro señaló que este porcentaje ya se incrementó. “Me atrevería a decir que más del 90% de la madera que se comercia en Perú es de condición ilegal”, resaltó el investigador de CIEL.
El más reciente estudio de EIA titulado “El Momento de la Verdad: Oportunidad o amenaza para la Amazonia peruana en la lucha contra el comercio de la madera ilegal”, publicado en enero del 2018, brinda algunas luces sobre el escenario del lavado de madera ilegal. En dicha investigación se analizaron solo las exportaciones de madera del Perú que salieron en el 2015 por el Callao, el principal puerto del país, y se determinó que el 17% de los puntos de extracción de madera son de origen ilegal; 16% de origen legal y el 67% de origen impreciso, pero se tiene indicios de que también es ilegal, según Julia Urrunaga, directora de EIA en el Perú.
La investigación también determinó que los países hacia donde el Perú exporta su madera, incluso la de procedencia ilegal, son China, República Dominicana, EEUU, México, Francia, Cuba, Corea del Sur, Bélgica, Puerto Rico, Australia, Taiwán, España, Chile, Ecuador, Uruguay, Canadá, Israel y Japón.
La fórmula para lavar madera en el Perú, y que también se reproduce en otros países latinoamericanos, es presentando información falsa, es decir, frente a la autoridad forestal se muestran listados de árboles a extraer que no existen en el mundo real, y las autoridades autorizan la extracción de madera que no existe en la concesión, se explica en la investigación “La máquina lavadora: Cómo el fraude y la corrupción en el sistema de concesiones están destruyendo el futuro de los bosques de Perú” de EIA, publicada en el 2012, respecto a cómo se encubre el origen de la madera ilegal en Perú.
“Respaldados por estos volúmenes, los permisos correspondientes son vendidos en el mercado negro y utilizados para lavar madera extraída ilegalmente de cualquier otra parte del país –áreas protegidas, territorios indígenas, otras tierras estatales”, se precisa en el estudio.
Entre las medidas que deben promover los estados latinoamericanos, señaló Abanto, “es la promoción de la titulación colectiva de tierras indígenas para detener el tráfico de tierras, que muchas veces está vinculada a la tala ilegal de madera”. En el caso peruano, uno de los más graves de América Latina, “el Estado debe honrar el acuerdo forestal precisado en el Tratado de Libre Comercio con EEUU para que toda la madera que se exporte a EEUU sea legal”, afirmó Abanto. Incluso, el gobierno estadounidense envió el 26 de febrero una carta a Eduardo Ferreyros, ministro de Comercio y Turismo del Perú, para que verifique el cargamento de tres compañías que exportaron madera a EEUU a lo largo del 2017. No es la primera vez que sucede, comentó Abanto. Las cartas oficiales de EEUU se deben a antecedentes de compañías peruanas vinculadas a la exportación de madera ilegal. El caso más famoso se reveló en el 2015 con la Operación Amazonas cuando se intervino al buque Yacu Kallpa. Se determinó por pesquisas posteriores a la operación policial que más del 91% de su carga era de origen ilegal. De acuerdo con Navarro, entre los países que menores restricciones ponen para el ingreso de madera ilegal son China, México y República Dominicana, justo las naciones que encabezan la lista de los países importadores de madera peruana. “Se necesita una coordinación regional de países para enfrentar con efectividad al tráfico ilegal de madera. No se puede si no hay acción frente a las mafias y una debilidad gubernamental”, exhortó Abanto.
Fuente: Ecoportal.net
