El tribunal superior de Londres consideró legal la decisión, pero no la corte de apelaciones de Escocia. El martes se pronunciará el Tribunal Supremo.
La suspensión del parlamento británico por parte del primer ministro, Boris Johnson, entra en una etapa de indecisión hasta el martes, cuando la Justicia deberá resolver su es o no legal la medida adoptada.
Este jueves, Johnson negó haber “mentido” a la reina Isabel II al solicitar su autorización para proceder a la suspensión del Parlamento, después de que la Justicia escocesa declarara “ilegal” su decisión. Aconsejada por el líder conservador (tory), la reina refrendó la controvertida decisión de clausurar la actividad parlamentaria desde el pasado martes hasta el 14 de octubre, en un momento crítico en la política nacional por la cercanía con el “brexit”, el próximo 31 de octubre. El primer ministro desmintió tajantemente haber mentido a la soberana británica.
Este miércoles el Tribunal de Apelación de Escocia consideró “ilegal” su decisión de cerrar ambas cámaras durante cinco semanas. En su dictamen, esa corte señaló que Johnson quebrantó la legalidad y que su decisión estuvo motivada por “el propósito inapropiado de obstaculizar el Parlamento”.
Sin embargo, previamente el Tribunal Superior de Londres había considerado legítima la medida de clausurar el Legislativo, por lo que el martes que viene deberá pronunciarse el Tribunal Supremo -máxima instancia judicial en este país.
Johnson sostiene que el Parlamento “dispondrá de tiempo tanto antes como después del crucial Consejo (europeo) del 17 y 18 de octubre sobre el acuerdo del ‘brexit'”. “Tengo mucha confianza en que vayamos a lograr un acuerdo en ese Consejo crucial. Estamos trabajando mucho. He estado por las capitales europeas hablando con nuestros amigos”, explicó.
Con relación a ese dictamen de la justicia escocesa, que el Gobierno de Londres recurrirá ante el Supremo, Johnson dijo que no va a “criticar” a los jueces por ser la judicatura británica “una de las grandes glorias de nuestra constitución” y porque los magistrados son “independientes”.
No obstante, recordó que en la demanda similar presentada contra él ante el Tribunal Superior de Londres por la activista anti “brexit” Gina Miller, la justicia le dio la razón al considerar que su decisión se ajustó a la legalidad. “Claramente hay dos tipos de puntos de vista legales, el Tribunal Superior de Londres tuvo una opinión muy diferente y el Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse en los próximos días, y creo que lo adecuado en el caso de los políticos es dejar que lo hagan”, señaló.
