Sin embargo, México se mantiene al margen de la iniciativa, Bolivia no firmó la declaración final. El principal objetivo es favorecer el diálogo entre las partes.
El Grupo Internacional de Contacto resolvió ayer en Montevideo hacer un intento durante tres meses para llevar a una solución de la crisis que vive Venezuela. El Grupo está integrado por la Unión Europea y también Uruguay, México, Bolivia, Ecuador y Costa Rica.
Sin embargo, no todo es claro acerca de las posturas del grupo que no son homogéneas. Bolivia, que todavía mantiene cierta confianza respecto del régimen venezolano, no firmó el documento final. México se mantuvo al margen, al tiempo que Uruguay, país que preside el Grupo junto con la UE, se mantiene cercano a México y también con los países caribeños que apoyan al presidente Nicolás Maduro. Por otra parte, el gobierno uruguayo es parte del Grupo de Lima que mayoritariamente reconoce al presidente interino Juan Guaidó.
De hecho, sobre la mesa se acumulan varias propuestas internacionales para la crisis venezolana: la del Grupo de Lima (los principales países latinoamericanos) y Canadá, la del Grupo de Contacto, la de Estados Unidos, apoyada también por países europeos que estaban representados ayer en Montevideo. Todos solicitan elecciones, con las necesarias garantías de un proceso justo, aunque algunos, como el presidente Donald Trump, consideran que ya no hay nada que negociar con Maduro, otros aceptan que se convoque a elecciones presidenciales incluso con la presencia del actual mandatario venezolano. Uruguay, por boca de su canciller, hizo saber que, por otro lado, si las partes acuerdan que no haya elecciones, no será necesario celebrarlas.
Ni Bolivia ni México ni Uruguay han reconocido a Guaidó, lo que indica una diferencia importante de posturas ante la crisis.
El Grupo de Contacto propone la apertura de una oficina técnica en Caracas que pueda ayudar el proceso y facilitar la llega de ayuda humanitaria, que el Gobierno de Maduro rechaza por temor a que a través de la misma se puedan infiltrar armas o elementos de inteligencia que puedan fomentar desórdenes o politizar la distribución de la ayuda. La labor del Grupo de Contacto, sin embargo, tiene un plazo de tres meses para evitar convertirse en un instrumento que favorezca las tácticas dilatorias del régimen de Maduro, como ya ha ocurrido en el pasado. En unas semanas se celebrará una nueva reunión. “En 90 días sabremos si hemos conseguido algún resultado”, indicó Federica Mogherini, a cargo de la política exterior de la UE, quien admite que hay escepticismo respecto de la iniciativa. “Queremos ser equilibrados y recordamos a los venezolanos que negarse al diálogo significa bloquear la situación”, dijo el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, quien agregó: “Tampoco queremos entrometernos en el proceso interno, si la solución no es estrictamente venezolana desembocará en el caos o, posiblemente, en un conflicto armado”.
