Ocurrió luego de una orden de arraigo por 18 meses emitida por la justicia de su país. Se lo investiga por lavado de dinero, corrupción y tráfico de influencias.
El ex presidente de Perú Alan García Pérez ha solicitado asilo político a Uruguay. Alan García fue dos veces mandatario (1985-1990 y 2006-2011) y la noche del sábado ingresó a la residencia del embajador de Uruguay en Lima solicitando protección, luego de que un juez le impidiera abandonar el país durante los próximos 18 meses ante el avance de las investigaciones que lo relacionan con el lavado de dinero y tráfico de influencias ligadas a la concesión de la Línea 1 del Metro a la constructora brasileña Odebrecht.
La medida del juez, impedía a García, que es el líder del Partido Aprista, regresar a Madrid, donde reside desde hace meses. El ex mandatario criticó la medida judicial calificándola de “triquiñuela para ganar espectacularidad. Necesitan hacer una hoguera y quemar como una vieja bruja a Alan García”.
En los 90, Alan García permaneció asilado en Colombia 9 años mientras era investigado por corrupción en la obra del tren eléctrico. Regresó a Perú en 2001 cuando prescribieron los cargos en su contra por enriquecimiento ilícito, cohecho y colusión.
Un fiscal solicitó la semana pasada la medida judicial ante nuevas pruebas respecto del expresidente. La empresa Odebrecht proporcionó a la Fiscalía mensajes –de julio de 2012- de su sistema de comunicación encriptada llamado Drousys, en los cuales el área de sobornos de la empresa le pedía a un abogado externo firmar un contrato con una fecha anterior –mayo 2012– y transferir 100.000 dólares a la cuenta bancaria de García como pago por una conferencia realizada en mayo en São Paulo. El abogado en cuestión recibía a su vez 15.000 dólares por la gestión. La entidad del pago es sospechosa, ya que incluso ex presidentes como Bill Clinton o industriales como Bill Gates cobran sumas de esta entidad para dar conferencias.
La Fiscalía señaló que, en 2009, el entonces presidente Alan García firmó cinco decretos de urgencia y dos decretos supremos para modificar el marco legal a favor de Odebrecht, y que la concesión de la línea 1 del metro de Lima pasara de la municipalidad de Lima al Ministerio de Transportes. Tres exfuncionarios de ese ministerio están presos por haber recibido dinero de Odebrecht en paraísos fiscales: uno de ellos mantuvo una cuenta por siete millones de dólares.
Además de García, también los ex presidentes Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuzcynki están involucrados en casos de corrupción por dinero provenientes de la empresa brasileña.
