El veto del presidente Temer puede bloquear la iniciativa votada por el Legislativo. Se pueden perder hasta 480.000 hectáreas de selva tropical.
Lejos de reducirse y de frenarse como ocurrió durante la gestión del ministerio de Medio Ambiente en manos de la ambientalista Marina Silva, la deforestación de la Amazonia se incrementó el 30% a lo largo del año pasado y según datos oficiales.
El problema es que, en lugar de intervenir para poner fin a este despropósito, el Congreso de Brasil está dando cabida a proyectos para legalizar latifundios y permitir la tala de árboles. En plena crisis política e institucional, el Senado decidió reducir el área de protección ambiental en una de las zonas amazónica más afectada por la deforestación. La posibilidad de que se frene esta iniciativa es que la vete el cuestionado presidente de Brasil, Michel Temer.
En base a las medidas aprobadas, la Floresta Nacional de Jamanxim, en el Estado norteño de Pará, perderá hasta 480.000 hectáreas de los 1,3 millones que la integraban por efecto de aplicar normas mucho más laxas. Gracias a la reducción de la zona protegida, se legalizarán latifundios que hasta el momento eran irregulares. Además, se podrán ocupar nuevas tierras e incrementar la explotación de la madera (una de las razones por las que se deforesta).
Desde el Gobierno, el área de Medio Ambiente del gabinete rechaza la decisión del Senado y aseguran que pedirán el veto presidencial. El Gobierno, de por sí, ya había dado pasos para reducir la protección de la zona, para favorecer la ocupación de tierras bajo ciertas normas ambientales y legalizar así explotaciones agrarias ya existentes. Sin embargo, los senadores fueron mucho más allá y ampliaron todavía más la zona donde permitirá la agricultura y la reducción del área forestada. y amplió el área donde se permitirá la agricultura y la tala de árboles.
Se estima que, del total que se perderá de bosques, 320.000 hectáreas son de bosque tropical intacto. Las protestas de los grupos ambientalistas se han activado en el país. Y la decisión del Congreso agrega un factor más de desprestigio de un sector político que parece insensible ante cuestiones como ésta.
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