El reciente asesinato del viceministro de Interior a manos de cooperativistas mineros es parte de un contexto complejo, en el que no ha desaparecido la violencia.
El día 25 de agosto, el Viceministro de régimen interior de Bolivia, Rodolfo Illanes, fue brutalmente asesinado por un grupo de mineros cooperativistas que se encontraban realizando bloqueos entre La Paz y Oruro. Illanes era abogado y docente universitario, fue asesor de Evo Morales desde antes de su llegada a la presidencia en 2006 y ocupó diversos cargos públicos en los últimos diez años.
El hecho golpeó duramente a la población en general porque, además de tratarse de un acto delictivo, rompe el principio fundamental del respeto a la vida humana y el principio institucional del respeto a la autoridad y el orden establecido, con lo que la demanda de los mineros cooperativistas ha perdido toda legitimidad y apoyo de la opinión pública.
El día 4 de agosto, en el marco del debate sobre la ley 149 que modificaba la ley minera, los cooperativistas anunciaron medidas de presión porque el proyecto planteaba la libre sindicalización de los trabajadores en las cooperativas mineras. El 10 de agosto comenzaron los bloqueos de rutas en varias zonas del país y con estallidos de dinamitas en los cerros. En esos días, los cooperativistas tomaron como rehenes a policías a quienes torturaron y robaron, liberados a cambio de que los mineros detenidos por bloquear rutas fueran liberados. El 11 de agosto, los cooperativistas una petición de diez puntos, el primero relacionado con su oposición a la libre sindicalización.
El conflicto seguía latente cuando el 19 de agosto el presidente Evo Morales promulgó la ley que permite la libre sindicalización. El 23 de agosto se reanudan los bloqueos de carreteras. La violencia es evidente porque en los enfrentamientos con la fuerza pública, salen catorce policías heridos, una docena de cooperativistas y también periodistas. El día 25 de agosto, el Viceministro Illanes, según declaraciones oficiales, quiso ir a Mantecani, convencido de poder alcanzar acuerdos con los mineros. El resultado, como se sabe, fue lamentable: fue tomado como rehén, lo torturaron durante varias horas hasta matarlo y su cuerpo fue echado a la ruta.
Desde la época de la colonia, la minería ha sido una actividad que ha aglutinado a mucha gente en este país. Durante la época republicana, la minería ha sostenido la economía de Bolivia. A finales del siglo XIX y principios del XX, las minas de estaño fueron la fuente de sostén de este país. La revolución de 1952 tenía como lema “Tierras a quienes las trabajan y minas al Estado”. Con la nacionalización de las minas, se conformó la Corporación minera de Bolivia (COMIBOL) que fue un ente sindicalizado muy activo en las luchas populares y obreras. En 1985, paradójicamente, Víctor Paz Estenssoro que había nacionalizado las minas, firma el decreto 21060 por el que el país entra en el neoliberalismo, esta medida supuso el despido de alrededor de 20.000 trabajadores mineros, porque la minería subsidiada por el Estado no podía seguir sosteniéndose.
Muchos de los mineros despedidos siguieron explotando vetas que habían sido dejadas por las empresas estatales o privadas. Así se fueron conformando las cooperativas mineras. Hoy, tanto el sector sindicalizado perteneciente al Estado, como el sector cooperativista son aliados del gobierno de Morales y suponen alrededor del 20% del padrón electoral. El gobierno ha realizado varias concesiones mineras al sector cooperativista además de haberles dado apoyo tanto económico como en maquinaria para la explotación.
Detrás del conflicto existe una realidad de 136.000 trabajadores en las minas cooperativistas, que no gozan de los derechos laborales establecidos por la Constitución y las leyes bolivianas. Los cooperativistas reconocidos como tales, están inscritos como socios de las cooperativas. Ellos reciben las ganancias de todo el trabajo minero y tienen bajo su cargo un número de trabajadores quienes son contratados sin ninguna garantía laboral. La sindicalización de los trabajadores supone el respeto de los derechos laborales que sería la causa de conflicto. Sin embargo, parece haber sido simplemente una excusa ya que la demanda cooperativista va todavía más allá. Los mineros cooperativistas están interesados en poder realizar contratos con empresas privadas nacionales y transnacionales, lo que supone que dichas empresas no tendrían que responder ante el Estado sino simplemente ante la cooperativa con la que hicieran el contrato.
Los cooperativistas solicitan mayores recursos para la explotación de minas que ya han sido depredadas y que explotan sin ningún control ambiental, recursos que provienen del Estado central, de las gobernaciones y de los gobiernos municipales. Es decir, solicitan que todo el Estado esté a su merced, para la generación de ganancias para unos cuantos. Las demandas apuntan a la reforma de las leyes laborales, de las concesiones de explotación a empresas transnacionales, reforma en la distribución de la riqueza por parte de las regiones autónomas.
La muerte del viceministro Illanes supuso el pico del conflicto con lo que la violencia cesó. Pocos días después el gobierno ha anunciado la firma de un decreto por el que ha quitado las concesiones mineras. Ha arrestado al máximo dirigente de los cooperativistas y ha detenido también a más de diez implicados en la muerte del viceministro. La fiscalía junto con la policía y bomberos han recogido del lugar del hecho más de 40 kilos de explosivos y armas artesanales que los mineros habían dejado. Según declaraciones oficiales, los mineros estaban armados para matar a cientos de personas.
Después de este lamentable conflicto que hubiera podido ser controlado sin llegar a los niveles de violencia a los que arribó, queda la pregunta acerca de por qué el gobierno no quitó las concesiones antes, ¿es que acaso el interés electoral lo ha llevado a violar la propia Constitución Política del Estado? Por otro lado, queda la duda sobre la alianza entre el gobierno y el sector cooperativista ¿el conflicto supuso la ruptura de su alianza o se renegociarán los términos del apoyo electoral de los mineros? Finalmente, queda como incógnita ¿qué piensan los mineros sindicalizados de todo este conflicto y de los beneficios que el gobierno ha estado otorgando a los cooperativistas?
