Se trata de los ejecutivos de las principales firmas constructoras del país. Habrían pagado sobornos para realizar el corredor bioceánico que une Brasil al Pacífico.
La prisión preventiva dictaminada contra cinco grandes empresarios de Perú, se está transformando en un indicador de que todos los ciudadanos del país son tratados con la misma vara.
Luego de la orden de captura contra el ex presidente Alejandro Toledo, prófugo en el exterior, y el arresto del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, fueron arrestados cinco empresarios asociados a la constructora brasileña Odebrecht en el segundo y tercer tramo de la carretera Interoceánica Sur.
Entre ellos se encuentra José Graña Miró Quesada, hasta febrero presidente de directorio de Graña y Montero, la principal firma constructora de Perú y accionista mayoritario del Grupo El Comercio, propietario del diario El Comercio. Los otros detenidos son Además de Fernando Camet, presidente de JJ Camet; José Castillo Dibós, director general de ICCGSA; y Hernando Graña Acuña, también él miembro del directorio de Graña y Montero. El juez fijó, la detención domiciliaria de Gonzalo Ferraro Rey, directivo de Graña y Montero, internado en una clínica debido a un tratamiento contra el cáncer. El magistrado quiso así evitar que los empresarios pudieran abandonar el país u ocultar pruebas.
A los detenidos se los acusa de colusión agravada y lavado de activos, ya que las empresas peruanas, junto con el gigante brasileño, presuntamente pagaron 15 millones de dólares en sobornos al expresidente Alejandro Toledo para la concesión de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur, que une la costa de Perú con el oeste de Brasil.
En febrero, las acciones de la empresa de la que eran directivos José y Hernando Graña se desplomaron en la Bolsa de Valores de Lima y la reputación de la firma se viniera abajo, aunque fueron rechazadas como falsas las imputaciones realizadas por el ex representante de Odebrecht en Perú.
Sin embargo, el fiscal a cargo de las investigaciones estimó que las actas de las empresas asociadas con Odebrecht prueban que hubo sobornos pagados al entonces presidente Toledo (2001-2006). De las actas se desprende que las firmas peruanas renunciaron a parte de sus utilidades por los “riesgos adicionales” que la compañía brasileña tuvo que asumir en ese proyecto.
