Son acuerdos firmados para supuestamente proteger las inversiones, pero gran parte de las cláusulas son perjudiciales para el país.
La decisión del Gobierno de Ecuador se puede calificar, sin duda, de valiente. El presidente Rafael Correa firmó esta semana los decretos ejecutivos que denuncian y ponen fin a 16 Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones, denominados ‘TBI’, incompatibles con la Constitución nacional y declarados ilegales por la Corte Constitucional hace siete años.
La denuncia de los Tratados ocurre “luego de un riguroso proceso de auditoría que demostró su inconveniencia para el país, su absoluta falta de eficacia”, precisó el propio Correa. Un procedimiento similar que Ecuador aplicó para demostrar la ilegitimidad de aproximadamente el 40% de su deuda externa.
Los TBI denunciados fueron firmados con Italia (2001); Bolivia (1995); Perú (1999); España (1996); EE.UU. (1993); Canadá (1996); Argentina (1994); Venezuela (1993); Francia (1994); Reino de los Países Bajos (1999); Reino de Suecia (2001); Chile (1993); Suiza (1968); China (1994); Alemania (1996) y Gran Bretaña e Irlanda del Norte (1994).
Correa sostuvo que la auditoría demostró la “incompatibilidad con nuestra Constitución” de los tratados. Además, destacó que la mayor inversión ha venido de países con los cuales no existen los TBI. El presidente indicó que las pérdidas totales registradas por la disminución de los ingresos petroleros, la reducción de ingreso tributaciones y la transferencia a las petroleras públicas y el pago por litigios arbitrales, suman aproximadamente 11.500 millones de dólares, casi 12 puntos del Producto Interno Bruto nacional en pérdida neta de ingresos para el gobierno central. Cerca de 1.100 millones de dólares fueron para el pago en apenas seis meses, en el primer semestre de 2016, a las petroleras Occidental y Chevron, “por lo írritos juicios que perdimos en manos de tribunales arbitrales espurios, fruto de estos Tratados de Protección y Reciprocidad de inversiones que de recíprocos de inversiones no tienen nada y donde todo está en función del capital”.
Los decretos señalan en cada caso la decisión de denunciar y por tanto declarar terminado el Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y cada uno de los países mencionados.
Para la denuncia, el Gobierno de Ecuador cita el artículo 422 de la Constitución y luego de que una Comisión Ciudadana creada hace cuatro años analizara los resultados y descubriera la ilegalidad con la fueron firmados.
La Comisión para la Auditoría de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa), creada en 2013, entregó el pasado 8 de mayo al Presidente de la República un informe en el que concluyó que hubo ligereza en la firma de estos tratados y que no se tomó en cuenta la magnitud del riesgo que asumía el país.
Entre las conclusiones de la Caitisa se señala que Ecuador, con más TBI que muchos países de la región, recibe solo el 0,79% de la inversión extranjera directa (IED) que llega del mundo a América Latina y el Caribe, mientras el principal flujo de IED hacia Ecuador proviene de Brasil, México y Panamá, países con los que Ecuador no tiene TBI, en tanto, de los siete grandes inversores externos en Ecuador, solo el 23% viene de países con TBI.
En el estudio se destaca que los tratados contradicen y menoscaban los objetivos de desarrollo planteados en la Constitucional y el Plan Nacional para el Buen Vivir y menciona que la Constitución ecuatoriana de 2008, en sus artículos 3, 276, 277, 283, 284, 313-318, 339 y 222, mandatan al Estado a regular la inversión extranjera para que cumpla un papel positivo en la consecución del Plan para el Buen Vivir. “Sin embargo, los TBI incluyen elementos de erosión de las competencias estatales”, precisa la comisión.
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Ecuador marca el camino que pueden seguir países como Chile, porque, en el caso de Chile, el país está amarrado por una Constitución reaccionaria. Una nueva Constitución abriría la posibilidad de recuperar su recurso principal: el cobre. “Sólo” se requiere de la adecuada correlación de fuerzas y de una importante dosis de coraje cívico. Lo demás, lo decide la Historia.