Duro choque de Trump con el Poder Judicial

Han pasado apenas 17 días desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos y ya totaliza choques con varios de sus pares, el presidente de México y el primer ministro de Australia, a quien le colgó el teléfono en medio de una conversación, el amplio rechazo internacional por su decisión de extender el muro en la frontera mexicana, y un enfrentamiento abierto con el Poder Judicial.

Donald Trump la emprendió contra el juez federal de Seattle que paralizó la aplicación de su veto migratorio, fundándose en los principios constitucionales violados por la medida. “No me puedo creer que un juez ponga a nuestro país en semejante peligro. Si pasa algo, la culpa es suya y del sistema judicial. La gente está entrando. ¡Mal!”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.

Este fin de semana los inmigrantes de países de mayoría musulmana de siete países alcanzados por el veto podían ingresar a los Estados Unidos. La Corte de Apelaciones que supervisa los estados del oeste del país rechazó el recurso del Gobierno que intentó dejar sin efecto la suspensión temporal de la orden ejecutiva, dictada el viernes por un juez federal de Seattle.

Trump adoptó una orden ejecutiva el viernes 27 de enero. Inmigrantes o visitantes de Irán, Irak, Sudán, Siria, Yemen, Somalia y Libia que tenían visados aprobados, o incluso tarjetas de residencia permanente en el país, se han visto detenidos durante una semana en los aeropuertos por la amplia interpretación que la policía de aduanas hizo de la orden ejecutiva del presidente. Al menos 60.000 personas se vieron afectadas, según cifras de la propia Administración. La prohibición dura 90 días, y es permanente en el caso de Siria.

Los estados de Washington y Minesota denunciaron la orden por inconstitucional el lunes siguiente. El viernes 3, después de una semana de caos en los aeropuertos, el juez federal James Robart, de Seattle, aceptó las medidas cautelares pedidas por los demandantes y ordenó que deje de aplicar la orden hasta que se resuelva la denuncia. En sus argumentos, el juez manifestó en modo pedagógico que se abstenía de calificar la medida del Gobierno, puesto que su deber como miembro de otro poder del Estado es vigilar que las mismas se ajusten a los principios constitucionales y al Estado de derecho. Incluso, tanto Robart como la Corte de Apelaciones no se han pronunciado sobre la legalidad de la orden ejecutiva del presidente que no es el fondo de la discusión: las medidas cautelares se refieren a la aplicación de la orden mientras está siendo discutida en los juzgados. Los jueces entienden que el daño es mayor si se aplica y luego resulta que es ilegal, que al revés. Los magistrados consideran que no hay circunstancias nuevas que justifiquen revertir los permisos ya aprobados para esas personas, ni urgencia en aplicar nuevas normas migratorias.

La razón es que el Gobierno no pudo citar ningún acto de terrorismo cometido en suelo norteamericano por ningún ciudadano de los siete países afectados. Por su parte, el Ejecutivo sostiene que la orden cautelar del juez “contraviene la separación de poderes constitucional” y “cuestiona el criterio del presidente en seguridad nacional”.

El enfrentamiento es muy duro y Trump llegó a calificar de “pseudojuez” al magistrado de Seattle en uno de sus tuits, algo muy poco frecuente. Este fin de semana, cientos de manifestantes fueron hasta la mansión privada del presidente en Florida para protestar contra la actitud de Trump. Una de las pancartas acusaba al presidente de pretender reducir la Constitución nacional a los 140 caracteres de un mensaje de Twitter. En esos días, en varios aeropuertos estadounidenses hubo manifestaciones de protesta y de solidaridad con las personas afectadas por el decreto, muchas de las cuales se vieron impedidas a ingresar al país mientras estaban de viaje habiendo tramitado los documentos requeridos.

Este lunes las partes deberán presentar ante la Corte de Apelaciones sus argumentos para estudiar el caso. Pero el enfrentamiento entre los estados de Washington y Minesota y la Casa Blanca terminará ante el Tribunal Supremo. Otros 16 fiscales generales de otros tantos Estados han firmado una carta con argumentos en contra del veto migratorio. En este tribunal, de 9 miembros, queda una vacante y de los miembros actuales cuatro son considerados progresistas y cuatro conservadores. Los republicanos (el partido de Trump) han bloqueado el candidato progresista nombrado por Barack Obama (que es demócrata) con la intención de nombrar a un juez conservador y conseguir una mayoría de jueces afines a las ideas del presidente.

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