La Justicia peruana sigue en su marcha en el caso Odebrecht que involucra a todos los ex presidentes de Perú, desde fines de los ’90 en adelante.
Dos días después del suicidio del ex presidente de Perú, Alan García, la Fiscalía extendió la detención preventiva del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski de 10 días a tres años. Los dos han sido involucrados en el escándalo por 29 millones de dólares en sobornos supuestamente pagados por la empresa brasileña Odebrecht a altos funcionarios, entre ellos todos los que fueron presidentes desde fines de los años 90 en adelante.
La acusación contra Kuczynsky, quien ganó las elecciones en 2016, para renunciar en marzo de 2018 antes de que un juicio político lo destituyera, es que siendo ministro durante la gestión de Alejandro Toledo, facilitó con su asesoramiento y con resoluciones a la constructora brasileño en la participación de licitaciones de obras públicas. Hubo pagos de Odebrecht a una consultora de la que Kuczynski es titular por lo que se lo acusa de lavado de activos. Luego de protestar su total inocencia, Kuczynski admitió ciertas “desprolijidades” que fueron suscitando irritación entre sus propios aliados políticos. Sin embargo, la irritación se transformó en indignación cuando algunos audios revelaron que el legislador Kenji Fujimori fue sorprendido “comprando” votos para evitar el juicio político en nombre de Kuczynski, favor que fue devuelto por el entonces presidente concediendo el indulto al ex dictador Alberto Fujimori. Ante ello, la iniciativa de juicio político retomó fuerza y, para evitarla, Kuczynski dimitió.
El ex presidente ha sido sometido a una intervención quirúrgica, aunque los médicos certifican que no se trata de algo grave. Por tanto, una vez dado de alta, el ex mandatario deberá regresar a prisión. La medida ha sido dictada por los magistrados para evitar que se contaminen pruebas. También se han aplicado medidas restrictivas contra el ex chofer y la secretaria de Kuczynski.
La iniciativa de los fiscales se debe a la colaboración obtenida de la empresa Odebrecht que ha brindado la información necesaria para promover la acción de los investigadores. La restricción de la libertad del ex presidente se debe a los antecedentes de la huida del país del ex presidente Toledo y del juez supremo Hinostroza Pariachi, investigado por tráfico de influencias.
Entre los acusados figuran, además, dos ex intendentes de Lima, dos ex gobernadores regionales, la líder del fujimorismo, dos veces candidata presidencial, Keiko Fujimori, y varios otros ex funcionarios públicos. Ha habido tentativas políticas en el país para neutralizar la acción de los fiscales y hay críticas de líderes políticos, aunque los fiscales aseguran estar cumpliendo con lo que dispone la ley. La acción de los fiscales, sin embargo, ha recibido un fuerte respaldo popular.
