A fines de agosto se realizará un congreso en el que se definirá el programa político de la nueva organización.
A partir del primero de setiembre ocurrirán dos cosas en el escenario político colombiano. Las FARC, que ya han dejado de ser una organización armada, se transformarán en un partido político.
Pero, en una lectura desde otra perspectiva, eso también significa que el nuevo partido se “someterá” a la voluntad de los electores. Ya sin la fuerza de las armas, la representatividad de las ex FARC no dependerá del control de un territorio o del peso de su fuerza militar sino de sus ideas, sus argumentos, su capacidad para convencer a los ciudadanos a darles su apoyo.
Es lo que implica la adhesión al sistema democrático que la organización ha aceptado como natural ámbito de discusión y debate dentro de la realidad del país.
Este lunes, sus dirigentes Iván Márquez, Carlos Antonio Lozada y Erika Montero, señalaron que el nuevo movimiento se dedicará en el mes de agosto a diseñar su perfil político, su propuesta de modelo económico y en materia de política agraria, medio ambiente, juventud, desarrollo urbano e igualdad y, finalmente, se presentará formalmente ante la sociedad colombiana como una formación con programa y candidatos con vistas a las elecciones de 2018.
Tales definiciones se realizarán durante un congreso que se celebrará a fines de agosto “y va a culminar con un acto político en la plaza de Bolívar”, ha explicado Iván Márquez. “Para eso hemos pactado la paz, hemos hecho la dejación de las armas para participar en política. Nos dijeron ‘señores, dejen las balas por los votos’. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Estamos aceptando esta invitación. Los procesos de paz son precisamente para eso, para hacer dejación de armas y meternos con todo a la política, y es lo que vamos a hacer, es una determinación que está en marcha”.
Habrá una contemplación legislativa especial para las ex FARC, puesto que la nueva organización que nazca del congreso recibirá una financiación pública como los demás partidos y se le garantizará durante unos años una presencia mínima en el Congreso.
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