Mientras rige el paro de 48 horas que bloquea el inicio del ciclo lectivo en casi todo el país, este análisis brinda detalles sobre cómo, cuándo y por qué se origina el conflicto.
Una vez más la sociedad en su conjunto vive la frustrante experiencia de un conflicto en el ámbito educativo, aunque todo parece indicar que lo que está en juego es mucho más que un conflicto salarial de un sector laboral.
En este caso, particularmente sensible por afectar un aspecto fundamental del sistema educativo, como es la actividad escolar.
Intentando superar en este análisis los aspectos que no hacen al fondo de la cuestión (aunque algunos de ellos puedan tener importancia para un análisis particularizado del conflicto, tales como el tratamiento mediático del mismo, o las campañas utilizadas por alguno de los actores para amedrentar y/o descalificar a sus oponentes), es conveniente comprender cómo, cuándo y por qué eclosiona el conflicto docente tal como hoy está planteado.
La problemática educativa y docente, en todos sus niveles y jurisdicciones, compleja y con muchos capítulos pendientes de tratamiento (el salarial, aun siendo clave, de ninguna manera es excluyente), había encontrado un marco de referencia institucional a través de dos leyes fundamentales: la ley nacional de educación (26.206) y la ley de financiamiento educativo (26.075).
Esas dos leyes y las normas reglamentarias que las acompañaron crearon instrumentos para un abordaje sistemático, plural en las representaciones, con diversidad de temas y encuentros concretos que no dependieran de las circunstancias o coyunturas ocasionales. De esta manera, y contando con la voluntad política de los funcionarios de turno, se ponían las bases para afrontar los ineludibles debates que el tema educativo requiere.
De alguna manera se avanzaba en la construcción de una política de Estado. Esto resultaba fundamental habida cuenta de que los cambios en la educación implican procesos que superan en mucho los tiempos de los gobiernos y mucho más los tiempos electorales.
Sin abundar en detalles, una de las normas citadas, la Ley de Financiamiento Educativo y su aplicación desde 2006 marcaron un punto de inflexión en las políticas de inversión educativa. El Estado Nacional asumía una responsabilidad fundamental en esa materia, contrariando un criterio instalado por el modelo neoliberal impuesto en la Argentina desde la dictadura militar de 1976, que lo desligaba de esa tarea, y dejaba a las jurisdicciones provinciales afrontar el problema y buscar las soluciones según fuera posible (la transferencia de la totalidad del servicio educativo a las provincias implementada a principio de los años 90 consagraba este criterio).
Una de las instituciones creada por esa ley era el programa nacional de Compensación salarial docente… “cuyo objetivo será el contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial docente en aquellas provincias en las cuales se evalúe fehacientemente que, a pesar del esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignación de los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades.”(art. 9)
Además, la Nación asumía el compromiso de generar políticas que atendieran al reordenamiento del sistema educativo con criterio nacional en temas tales como planes de estudios, titulaciones, certificaciones de competencias, formación docente, sin menoscabo de iniciativas provinciales, acordes a las diferentes realidades del país.
A esto se sumaba la implementación de programas nacionales de apoyo, tales como la conectividad progresiva de las escuelas a las redes nacionales, distribución de libros, y otras iniciativas destinadas a generar las mejores condiciones para la tarea educativa, en todo el país, independientemente de las distintas posibilidades presupuestarias provinciales aunque siempre en directa comunicación con las autoridades locales.
Aunque estos temas no aparezcan en primera plana en el tratamiento del actual conflicto, es imposible ignorarlos porque su discontinuidad define la actual política educativa general. Prueba de ello han sido los conflictos que se han vivido de un tiempo a esta parte en el ámbito del Ministerio de educación y deportes, sin ignorar los vinculados al tratamiento presupuestario en el ámbito de ciencia y tecnología.
En el tema concreto del actual conflicto se debe tener en cuenta que lo que se pretende es que se cumpla lo previsto en el artículo 10 de la ley de financiamiento educativo y en el decreto reglamentario del mismo (Decreto 457/2007). Para obviar comentarios se transcribe el texto de los mismos:
ARTICULO 10º ( Ley 26.075): “El MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente.” .
En los “considerandos” del Decreto 457/2007: “Establécese pautas en relación al convenio marco al que se refiere el artículo 10 de la Ley Nº 26.075, el que regulará respecto de las materias allí descriptas y resultará de aplicación a todos los docentes que presten servicios en el ámbito del Sistema Educativo Nacional, dependientes de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” Y en el Artículo 1ºdel mismo decreto: “El convenio marco a que se refiere el artículo10 de la Ley Nº 26.075 regulará respecto de las materias allí descriptas y resultará de aplicación a todos los docentes que presten servicios en el ámbito del Sistema Educativo Nacional dependientes de las jurisdicciones provinciales y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.”
Si el actual gobierno no está dispuesto a cumplir esa ley y sus decretos reglamentarios, tal como lo ha expresado a través de varios de sus funcionarios, tiene los instrumentos para plantear su derogación. Lo que no puede es ignorarlos.
En el tema salarial, después de muchos años de lucha los docentes consiguieron asegurar un valor general mínimo para todos –el piso o garantía– a partir del que cada jurisdicción podía discutir en el marco de sus posibilidades las mejoras sobre esos valores. Pero sabiendo, en el caso de las provincias más limitadas en sus recursos, que el Estado concurriría con fondos nacionales para garantizar que los valores acordados no estuvieran por debajo del sueldo mínimo.
La histórica lucha de 1003 días de la Carpa Blanca docente, en Plaza Congreso (2 de abril 1997 al 30 de diciembre 1999) obtuvo la creación de lo que finalmente fue y sigue siendo el Fondo de incentivo docente, cuyo origen actual es el presupuesto nacional. Incluye valores diferenciales para las provincias con mayores dificultades presupuestarias, y es de asignación especifica (no puede ser imputado a otros fines). Actualmente estos fondos no están garantizados (según trascendidos, el manejo de esos fondos pasaría al ministerio del interior y serían girados a las provincias con libre disponibilidad de los mismos. De todas maneras, no hay seguridad de contar con esos fondos). De ahí la reticencia de muchos gobernadores a que se cumpla con la paritaria nacional, atento a que no tienen garantías de que puedan cumplir con los valores que se fijen como piso, sin el aporte de esos fondos nacionales.
Este es el conflicto nacional, y la razón por las que todos los sindicatos con personería nacional acordaron a través de sus instancias orgánicas el paro de 48 hs, del 6 y 7 de marzo. La resolución de este conflicto excede las políticas de cada jurisdicción. Está en manos del gobierno nacional encontrar la manera de encontrar una salida a una decisión tomada con bastante anterioridad al inicio de clases. Por eso la respuesta de las organizaciones sindicales se dio posteriormente a conocerse esta medida y tras fracasar los intentos de que se reviera esa decisión (que además cierra la posibilidad de discutir otros temas que exceden lo salarial pero resultan de fundamental importancia para la mejora y transformación del sistema educativo). Enero y febrero fueron escenarios de estos reclamos. Esto le quita peso al argumento de la fecha en que se tomó la decisión de la medida de fuerza. En todo caso, sabiendo el gobierno las consecuencias de su decisión, tenía tiempo de buscar salidas alternativas viables.
Hay otro punto fundamental del por qué se llegó esta situación. Y tiene que ver con el modelo económico que inspira al actual gobierno. Más allá de los discursos, que por momentos resultan imposibles de conciliar con la realidad, salvo que se reduzcan a buenas intenciones que luego se ven contrariadas por los hechos concretos, la reducción del “gasto” público es una consigna de cumplimiento obligatorio. Aún contrariando las declaraciones de la importancia del papel del Estado como garante de derechos básicos entre ellos la educación. La invocación al “federalismo” y el respeto a las autonomías provinciales resultan eufemismos para maquillar la cruda realidad de las políticas que transfieren a las provincias todo el “gasto” educativo.
Otro aspecto insoslayable es el mensaje de disciplinamiento para las futuras negociaciones paritarias 2017. No está contemplada la necesidad de recuperar el poder adquisitivo comenzando por reconocer la pérdida del mismo ocurrida en 2016 que superó ampliamente las expectativas oficiales. Y a partir de ahí discutir los nuevos salarios acordes con la inflación 2017 ya ocurrida y la que se prevé para el año en curso. En este punto, nuevamente los números oficiales difieren de los pronósticos que hoy se reconocen como más realistas, según las diferentes consultoras que suelen pronunciarse al respecto. Y las llamadas “cláusulas gatillo” han sido una elegante manera de dejar para después lo que finalmente nunca se cumple respecto a la posibilidad de volver a discutir los valores acordados. Ha sucedido a nivel nacional y jurisdiccional.
Una vez planteado el conflicto nacional y los instrumentos disponibles para su resolución, es cierto que los conflictos provinciales, planteada la referencia nacional, no desaparecen pero tienen un marco para encauzar la discusión. En los últimos años a partir de la aplicación de la ley de financiamiento educativo, hubo jurisdicciones donde el calendario escolar se pudo cumplir sin problemas y la conflictividad docente por temas salariales disminuyó sustantivamente.
Finalmente, algunas observaciones complementarias: el año pasado, con este mismo gobierno, el conflicto docente nacional pudo ser resuelto razonablemente bien. En todo caso, subsistieron problemas en algunas jurisdicciones (Ej. Tierra del Fuego) por situaciones locales no resueltas.
Una paradoja: el actual responsable del área educativa, siendo diputado, argumentó y votó a favor de estos marcos legales que hoy desconoce, y como responsable del mismo tema en la C.A.B.A. aplicó exitosamente un mecanismo muy parecido y del que hoy reniega.
Otro argumento muy utilizado para desacreditar las medidas de fuerza, es la de la pérdida de días de clases para los alumnos a los que se los califica como “rehenes de los docentes”. Históricamente ha sucedido al revés. Con el tema de la escuela “segundo hogar” o el carácter “sacerdotal” de la actividad docente, durante demasiado tiempo se postergó la atención profesional y financiera, que incluye el salario, del “trabajo docente” y los contextos físicos y edilicios y tecnológicos, en que éste se desarrollaba. Si realmente el argumento fuera el merecido cuidado y respeto de los educandos, cualquiera sea su edad, las políticas públicas para el sector no atravesarían situaciones como la que por estos días preocupan y mucho a la ciudadanía.
El escenario planteado es complejo y se suman factores vinculados al calendario electoral. Atribuir intenciones aviesas no declaradas y relacionadas con especulaciones de ese tipo, conlleva una descalificación de la verdadera naturaleza y profundidad de lo que hoy se discute, lejos de aclarar y ayudar a su solución, incorpora más confusión y dificulta poder mantener abiertos canales de diálogo que necesariamente deben funcionar más que nunca.
Tampoco sirve pretender personalizar el conflicto menospreciando la inteligencia de los docentes y el valor y calidad de sus representaciones sindicales, heterogéneas por cierto, pero avaladas por quienes las integran. Un dato a considerar es el más que interesante esfuerzo de unidad que entre estas entidades han sabido construir, al menos para afrontar este difícil momento. Y esto es válido para las entidades provinciales y nacionales.
Solo resta confiar que los más lúcidos de los dirigentes políticos y sindicales sepan “leer” la coyuntura y busquen caminos para destrabar esta situación.
Están previstas movilizaciones importantes para los próximos días. Quienes han elegido la política, en cualquier ámbito, como el camino para construir una sociedad mejor, tendrán que demostrar la capacidad y la templanza necesarias para buscar fortalecer los mecanismos que eviten exacerbar los enfrentamientos y lograr que a través de ellos se encuentren los mejores términos posibles para transitar esta etapa de la vida de nuestro país. Tarea difícil pero necesaria.
Para más información suscribite a digital.ciudadnueva.com.ar o a la versión papel en ciudadnueva.org.ar/revista/suscripciones.
Excelente artículo, muy completo. Gracias.