El presidente Iván Duque sostiene que el organismo ha callado los tratos brutales del Gobierno de Venezuela y ha sido comodín de una dictadura.
La salida de Colombia de UNASUR ya no es un anuncio. El presidente Iván Duque ha dado el paso de denunciar el tratado constitutivo del bloque y la renuncia entraría en vigencia en 6 meses, tal como dispone el artículo 24 del mismo. “Como ustedes saben, durante varios años denuncié públicamente que Colombia no debería seguir siendo parte de UNASUR, porque es una institución que se ha prestado, con su silencio y muchas veces con su complacencia, para que no se denunciaran los tratos brutales de la dictadura de Venezuela a los ciudadanos”, aseguró el Duque. El mandatario considera que el bloque es una institución creada para fracturar el sistema interamericano y que “sirvió de comodín para los propósitos de una dictadura”. En concreto, el presidente colombiano señala como el gran ‘pecado’ de UNASUR guardar silencio frente a los atropellos en Venezuela, y por tanto no cumplió con su deber.
La intención de Duque es que Colombia apoye la Carta Democrática Interamericana. “Seguiremos trabajando en el marco del multilateralismo regional y lo haremos apoyando la Carta Democrática Interamericana suscrita por Colombia, que defiende las libertades, el equilibrio de poderes y además es garante de una sociedad participativa y plural”, explicó Duque.
No hubo consenso con los países del bloque como Perú, Argentina y Chile que por el momento no han tomado la misma decisión, aunque se reconoce la crisis del organismo, evidenciado por la falta de consenso para nombrar un nuevo secretario general.
Por otro lado, avanza el Gobierno colombiano en el proceso de rever algunos puntos del acuerdo de paz alcanzado con las FARC, por el cual el grupo armado ha depuesto las armas y se ha transformado en un partido político. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo dio pasos ante la ONU para señalar cuatro puntos del acuerdo. Se trata de la modificación de la conexión entre rebelión armada, el secuestro y el narcotráfico. Un segundo punto a rever es el que permite los exguerrilleros condenados por delitos de lesa humanidad asumir cargos políticos. También se quiere retirar beneficios a aquellos excombatientes que continúen con actividades relacionadas con tráfico de armas, lavado de activos y narcotráfico perderán los beneficios. Por último, que la erradicación de cultivos de coca tenga un carácter obligatorio de ahora en adelante.
Sobre el tema de la reforma constitucional para evitar que el narcotráfico y el secuestro puedan ser considerados conexos con el delito político, la ministra de justicia, Gloria María Borrero, hizo una aclaración importante señaló hace unos días, que esto regirá para el futuro y no para el pasado. “Lo que se busca es que en futuras reglamentaciones quede claro que estos delitos no son amnistiables”. Por tanto la modificación no afectaría el actual acuerdo de paz.
