En tres semanas de protestas, de reforzar el actual modelo económico, el gobierno ha pasado a legitimar el reclamo popular y puesto en marcho cambios de peso.
Tres semanas de protestas están cambiando por completo el programa de gobierno de Chile. La duda es si eso demuestra una auténtica comprensión del reclamo popular que sigue sin cesar, mañana habrá una huelga general en el país, al tiempo que se repiten manifestaciones multitudinarias y cacerolazos, o si se trata de una estrategia para calmar las aguas. La duda es legítima porque el giro de la política de gobierno es de 180 grados, pero sus declaraciones siguen indicando la dificultad de decodificar el mensaje que viene de las calles y que habla de un hartazgo generalizado respecto de un sistema económico percibido como injusto y abusivo.
Hace tres semanas, antes de que el 18 de octubre estallara la protesta, el gobierno no solo hablaba de Chile como un “oasis” en medio de una América latina convulsionada, sino que impulsaba medidas para avanzar en el modelo económico. El Congreso discutía una reforma tributaria que entre sus medidas bajaba el impuesto a las ganancias de las empresas. Para asombro de quien estudie el sistema tributario chileno, la norma permite pagar el impuesto corporativo solo a las ganancias que se retiran y en todo caso con una devolución de los impuestos abonados a partir de los ingresos. Eso termina beneficiando con un cómodo 9% de impuestos a grupos que registran miles de millones de dólares de ganancias. La reforma tributaria del gobierno del presidente Sebastián Piñera habría rebajado a cero el impuesto corporativo, bajo el supuesto de que eso incrementaría la inversión. Ese supuesto, es oportuno decirlo, no tiene ninguna verificación empírica: los números suelen decir que donde se rebajan los impuestos a los grandes empresarios, la inversión no aumenta. Previo a dicha reforma, se aplicaron aumentos en tarifas, como la de la luz, y el estallido coincidió con un nuevo aumento del precio del boleto del transporte en Santiago.
En tres semanas, el gobierno ha dado marcha atrás con los incrementos de tarifas, la de la luz quedará congelada hasta diciembre de 2020. La reforma tributaria fue apartada en su versión inicial y el ministerio de Hacienda acordó con la oposición un impuesto patrimonial a los sectores más ricos del país. Se han incrementado en 20% las pensiones más bajas y se ha elevado el salario mínimo garantizando un incremento del 15%. Ante el reconocimiento de que es justa y legítima la protesta, habría que preguntarse por qué razón no fueron parte de la iniciativa de gobierno desde su comienzo.
Entre los reclamos populares ha aparecido el de avanzar hacia una nueva constitución. Durante el anterior gobierno de Michelle Bachelet, se llevaron a cabo cabildos populares en todo el país con el objetivo de una nueva constitución. La derecha nunca ha validado tal iniciativa cajoneada por el actual gobierno. En un primero momento Piñera, aunque no rechazó, minimizó el pedido. Pero ante la insistencia popular, ahora ha habilitado un proceso para una nueva Constitución. Un nuevo giro político, pues la derecha en general no ha mirado con buenos ojos la idea de abandonar definitivamente la actual carta magna impuesta durante la dictadura de Pinochet, en 1980.
Se abre pues un nuevo debate. No hay un sondeo definitivo al respecto. Entre un 80 y un 87% de los encuestados estaría a favor de una nueva constitución. A la derecha gusta la idea de una reforma constitucional realizada por el Congreso. Es la idea que ahora promueve el propio gobierno. Pero no están los votos para alcanzar los dos tercios necesario para promover ese proceso. A la gran parte de la centroizquierda gusta la idea de un plebiscito que habilite la modalidad un proceso constituyente ampliado a la sociedad civil, otros sectores prefieren hablar de convención constituyente. Pero tampoco alcanza los dos tercios necesarios para habilitar este cambio.
De cualquier manera, en Chile ha tomado cuerpo la idea de arribar a un nuevo pacto constitucional que permita salir del esquema que encasilla la actual carta magna.
Lamentablemente es una maniobra cosmética.