El proyecto bautizado “Derecho al tiempo”, además, endurece las penas prevista para este tipo de crimen. La ley no será retroactiva.
La Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto bautizado como “Derecho al tiempo” que endurece las penas de los delitos sexuales contra menores, los que imprescriptibles, pero no retroactivos como se llegó a proponer durante la discusión en el Congreso. La iniciativa fue aprobada con 137 votos a favor y dos abstenciones, por lo que el proyecto ya está en condiciones para convertirse en ley de la República.
“Derecho al tiempo” debió pasar a comisión mixta ayer donde finalmente se rechazó la aplicación retroactiva de la ley al considerar que “era más prudente y adecuado avanzar en la pronta aprobación y evitar controversias constitucionales que impediría la aplicación efectiva”. El tema de la retroactividad dividió a los legisladores que, hasta ese momento, habían aprobado el proyecto prácticamente por unanimidad. Pero debido a esta diferencia una vez superado el voto del senado sobre la ley en general, se debatió en comisión mixta la cuestión de aplicar a casos anteriores la nueva ley. En esa fase, el razonamiento de los legisladores, tuvo en cuenta de que existe un principio de derecho penal que establece la no aplicación de normas retroactivas en esta materia. El proyecto volvió entonces a la Cámara baja, sin la disposición de la retroactividad y, nuevamente, obtuvo el voto de casi la totalidad de las bancadas, evidenciando una coincidencia importante sobre el tema.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, destacó que “esta nueva ley marcará un antes y un después en nuestro derecho penal. Ahora cada vez que alguien quiera abusar de un niño o niña tendrá que pensarlo dos veces, ya que podrá ser perseguido penalmente durante toda su vida, sin importar cuanto tiempo pase”.
La nueva ley, en concreto, garantizará un oportuno acceso a la justicia a las víctimas de delitos sexuales menores de edad, sin estar limitadas por los plazos de prescripción para perseguir penalmente a los agresores.
La iniciativa además incluye la posibilidad de ejercer acciones civiles para una reparación adecuada hacia las víctimas, tanto contra quienes cometieron el delito como contra terceros responsables por el hecho ajeno, como sería el caso de instituciones o personas que encubran estos delitos.
