Chile quiere avanzar en el reconocimiento de los pueblos originarios

El Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso el proyecto de ley que crea un plan especial de inversiones para el desarrollo regional y territorial de la Araucanía, el distrito administrativo donde se concentra la mayor cantidad de comunidades Mapuche.

El proyecto, que fue recibido por las comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, contempla tres ejes principales: el reconocimiento constitucional y la participación política indígena en el proyecto de Nueva Constitución (previa Consulta Indígena), el desarrollo productivo regional y territorial y la ampliación del programa de reparación de las víctimas de violencia en La Araucanía.

En esta región hay un permanente conflicto ante el reclamo de las comunidades Mapuches de recuperación de los territorios de los que fueron despojadas en su momento. En algunos casos, el conflicto adquiere perfiles violentos, con la quema de maquinaria, camiones y ataques a iglesias y viviendas, conducidos por sectores radicalizados, y la represión por parte de las fuerzas policiales.

En el mensaje, el Ejecutivo explicó que “la mayor parte de elementos están en marcha y dependen exclusivamente de la reorganización de presupuestos públicos, que proponemos queden fijos por el tiempo de vigencia de esta ley. Las innovaciones están orientadas a la disminución de brechas de pobreza multidimensional en la región de la Araucanía”.

Se propone la creación de un “Plan Especial Araucanía” que contempla inversiones para el desarrollo regional y territorial de esta región con una duración de cinco años a contar de la fecha de publicación de la ley.

Asimismo, la normativa establece el acceso preferente a subsidios y programas que ya existen en la zona y se propone autorizar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a otorgar subvenciones y subsidios habitacionales a las comunidades y asociaciones indígenas siempre que a lo menos un 50% de sus integrantes sea indígena.

Adicionalmente, se crea un programa de desarrollo productivo para cooperativas campesinas, el cual será administrado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario y que estará destinado a cofinanciar parcialmente proyectos de desarrollo productivo de actividades silvoagropecuarias por parte de cooperativas y otras organizaciones de pequeños productores.

También la Corporación de Fomento de la Producción y el gobierno regional son involucradas en el proyecto de ley, puesto que se los faculta para la creación de un Instituto Regional de Asociatividad y Economía Social de La Araucanía, que estudiará y promocionará el desarrollo empresarial y la innovación social en la región, para fortalecer su carácter multicultural.

El proyecto también incluye incentivos tributarios especiales para empresas que trabajen en la zona y se instalen en sus comunas más pobres.

El proyecto ha recibido críticas y valoraciones positivas en los sectores políticos y sociales. El líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, criticó el anuncio ya que consideró que no responden a todas las demandas del pueblo mapuche. “El plan tiene un componente que tiene por objeto promover la inversión privada y el pueblo mapuche tiene fuertes tensiones con el sector privado”, dijo el dirigente mapuche. “Las actividades privadas en la Región de La Araucanía son una de las causas de las actuales tensiones y controversias, por tanto, no resuelve la problemática de tierras usurpadas, los arriendos por 99 años y otros factores que esperábamos que en este proyecto alguna vez se abordaran”, añadió.