Habrá que reconstruir “otra normalidad”. Se señalan excesos policiales.
Más que volver a la normalidad, la pregunta hoy es si Chile conseguirá construir “otra normalidad”. Luego de una semana convulsionada y de intensas y masivas manifestaciones, pacíficas en la inmensa mayoría de los casos y de los participantes, se advierte la necesidad de retomar el ritmo de trabajo y de la vida sin por ello cerrar este capítulo que acaba de abrirse. La “agenda social” abierta por el gobierno, necesita no solo de anuncios, sino de completar una perspectiva que reduzca las desigualdades y permita una mejor redistribución del ingreso en el país acabando con privilegios y con mecanismos que favorecen la elusión y la evasión de impuestos de los sectores más económicamente poderosos del país. No es fácil ante una protesta generalizada que no se identifica con los sectores políticos del país, por tanto, que no tiene una legítima representación política, ni una sociedad civil que tenga la posibilidad de canalizarla.
También comienza a ser tiempo de balances acerca de lo ocurrido, comenzando por el tema de los excesos policiales que, en estas horas, preocupan con cada vez mayor frecuencia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), una entidad pública, reportó este miércoles que su recuento de detenidos ascendió hasta 2.410 después de un día de multitudinarias manifestaciones en muchas ciudades del país. El organismo indicó en su último balance, ya en horas de la noche, que del total de detenciones 898 se produjeron en Santiago, donde ayer se reunieron en Plaza Italia alrededor de 100.000 personas para mostrar su descontento, y 1.512 en el resto del país. La mayoría de los detenidos son hombres adultos (1.565), además de 442 mujeres y 274 menores, aunque hubo casos que no pudieron ser constatados el sexo y edad de los apresados, según señaló el INDH.
Las protestas han dejado además al menos 18 fallecidos, cuatro de ellos ciudadanos extranjeros y del total de las muertes cinco ocurrieron presuntamente a manos de agentes del Estado. En cuanto a los heridos, el organismo de derechos humanos contabiliza 535 personas víctimas no mortales desde el pasado jueves, cuando las manifestaciones por el alza en el precio del pasaje del Metro de Santiago se convirtieron en fuertes protestas, disturbios, incendios y saqueos que se replicaron por todo el país con el paso de los días. Del total de heridos, 210 fueron por armas de fuego.
El INDH ha presentado 55 acciones judiciales por las situaciones que reportan desde hace días durante las manifestaciones. Cinco de estas acciones judiciales fueron denuncias por homicidio por los casos de fallecidos presuntamente en acciones en las que intervinieron policías o militares, estos últimos al mando del orden público desde que se empezaron a decretar estados de emergencia a lo largo de todo el país.
También se querellaron por 8 casos en los que los detenidos acusan haber sufrido algún tipo de abuso sexual, como desnudamientos, amenazas de violaciones y tocamientos.
Las cifras del INDH son mucho más abultadas que las del Gobierno, que da cuenta de 197 heridos, según el informe entregado este miércoles por el Ejecutivo. Además, constataron relatos de torturas y abusos de agentes de las fuerzas del Estado durante las protestas en los últimos días. A nivel internacional, Human Rights Watch (HRW) instó este martes al Gobierno de Chile a que respete los derechos humanos a la hora de contener las protestas y lo mismo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
