Es el principio que defiende la reforma del código de agua aprobada por la Cámara de Diputados. El objetivo es priorizar el acceso a este recurso por encima de los intereses privados.
Luego de 6 horas de debate la Cámara de Diputados de Chile votó a favor de la reforma del importante código de agua, en el que se afirma que la prioridad del principio del uso público de este recurso por encima de los intereses privados y que se trata de un bien nacional.
La iniciativa fue aprobada en primera instancia en general por 63 votos a favor, 32 en contra, además de tres abstenciones, para luego aprobarla en particular.
La reforma al Código de Aguas, instituido en 1981, pasó de este modo al trámite del Senado que deberá pronunciarse sobre el tema que desde 2011 ha comenzado su recorrido en el Poder Legislativo. Las nuevas normas reconocen las diversas funciones que cumple el agua, al generar seguridad de acceso “permitiendo al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y, vinculado a ello, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento; y establecer un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso”, según se indica en el sitio web de la Cámara. El proyecto determina que las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público, por lo que su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. “Bajo este precepto, se establece que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado”.
Los ministros de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y de Agricultura, Carlos Furche, desestimaron las críticas de la oposición, que anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional, ya que creen que se vulnera el derecho a la propiedad. “Aquellos que están utilizando bien los derechos de agua, se mantienen esos derechos de agua y, por lo tanto, la actividad productiva en la agricultura, en la minería, en la industria, en el servicio de agua potable y, por supuesto, también en la energía se mantienen. Aquel que acapara derechos de agua para no utilizarlos pasado cierto tiempo, se extinguen, caducan esos derechos y vuelven a la cuenca, vuelven para que lo usen aquellos que sí lo necesitan”, aseveró Undurraga.
El ministro Furche, por su parte, indicó que no se “pudo identificar un artículo o un inciso que resultara de carácter expropiatorio, porque la verdad es que acá se ha debatido sobre el hecho de que las concesiones para los derechos futuros aún no otorgados sean por 30 años. No hay ningún negocio que necesite más de 30 años para ser viable y productivo. Si necesita más de ese tiempo es porque es un mal proyecto”.
Desde el Gobierno indicaron que este proyecto en ningún aspecto establece una eventual expropiación, sino que regula hacia el futuro la entrega de los derechos de agua. Por otra parte, cabe señalar que el agua es un recurso muy escaso en buena parte del territorio chileno, en especial el norte, donde se concentra la actividad minera, que necesita de grandes cantidades de este recurso, en un territorio, el desierto de Atacama, que es el más árido del mundo.
