La constructora brasileña es investigada en los tres países por haber pagado sobornos a funcionarios públicos, líderes y partidos políticos. Destacan la cooperación internacional contra la corrupción.
El caso de la constructora Odebrecht, que ha pagado sobornos a líderes y partidos políticos, y también a funcionarios públicos del más alto nivel, en una docena de países de América latina, además que en Brasil, está movilizando a jueces y fiscales de la región.
Es el caso de los fiscales generales de Ecuador (Galo Chiriboga), Perú (Pablo Sánchez) y Colombia (Néstor Martínez) quienes se reunirán el próximo 24 de marzo en Quito para tratar cuestiones relacionadas con las investigaciones en curso.
En Perú, tres ex presidentes son acusados de haber recibido en conjunto unos 30 millones de dólares. De éstos, 20 habrían sido destinados al ex presidente Alejandro Toledo, actualmente buscado por la justicia y prófugo en el exterior. Alán García y Ollanta Humala también son acusados de haber recibido cifras millonarias. En Colombia, se sospecha que Odebrecht haya financiado la campaña electoral del presidente Juan Manuel Santos, y del partido opositor Centro Democrático. Se investiga si también la guerrilla de las FARC recibió dinero de la constructora brasileña.
También hay funcionarios públicos ecuatorianos acusados de aceptar sobornos en la adjudicación de obras.
Chiriboga y Sánchez tuvieron una reunión el viernes pasado para definir una agenda de trabajo conjunta abierta a otros estados latinoamericanos. El plan permitirá a Ecuador y Perú intercambiar información y experiencia y también fortalecer la herramienta tecnológica para lograr mejores resultados.
Por otro lado, el fiscal ecuatoriano señaló que se está buscando un acuerdo con Odebrecht y con ese fin hubo reuniones en Lima con representantes de la empresa. La constructora ha aceptado pagar una sanción de unos 3.500 millones de dólares a los Estados Unidos, Suiza y Brasil para así desactivar otros procesos judiciales, admitiendo así los ilícitos que se le imputan.
Par Chiriboga, el trabajo que impulsa Perú en las investigaciones relacionadas con el caso de la constructora constituye un punto de referencia para los demás países de América Latina. El caso ha motivado en Perú la aplicación de sanciones como la “muerte civil” para funcionarios corruptos, que no podrán acceder a cargos públicos y está en proceso la declaración de imprescriptibilidad del delito de corrupción.
El fiscal general de Perú resaltó que ‘las Fiscalías se unen contra el crimen y esto es un mensaje a la comunidad, que no estamos estáticos ni pasivos y que continuaremos sumando esfuerzos para llegar a la verdad y dar con los responsables’. Por ello, destacan los dos fiscales, es importante la cooperación internacional ante una corrupción que ha traspasado fronteras.
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