Drástica reducción de la tasa de homicidios, sin embargo, cientos de líderes sociales siguen siendo asesinados. ¿Seguirá el alto el fuego con el ELN?
Si bien la inseguridad sigue siendo un problema en Colombia, es indudable que por segundo año consecutivo la cantidad de homicidios se ha reducido sensiblemente. Lo anuncia el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, quien destacó que la tasa de homicidios está por debajo de 24 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es el nivel más bajo de las últimas tres décadas. El ministro resaltó que en el año 2000 en el país se registraban 25.000 homicidios “y este año vamos a tener algo más de 11.000, es decir menos de 1.000 mensuales. Aquí llegamos a tener 2.100 mensuales, hoy tenemos una tasa que realmente hace que Colombia pueda mirar con tranquilidad los temas de no violencia”, dijo Villegas en conferencia de prensa.
El ministro destacó que 2017 ha sido un año “muy tranquilo en materia de muertes violentas” y aseguró que hasta el momento hay “niveles de rebajas de alrededor de 320 homicidios” con respecto al 2016. “Esa es la tasa más baja en más de tres décadas y en número de homicidios en cuatro décadas. Igualmente, han descendido la extorsión, terrorismo y subversión, piratería terrestre y todos los hurtos, con excepción del hurto a personas, que tuvo crecimiento”, agregó.
El ministro también señaló que en 310 municipios, ubicados principalmente en los departamentos de Boyacá, Santander, Cundinamarca y Bolívar, no se registraron homicidios. Asimismo, Villegas valoró que los departamentos de Norte de Santander (noreste) y Nariño (suroeste), que tienen una “situación compleja de seguridad”, cuenten con 24 municipios sin homicidios.
En Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, está ubicado el Catatumbo donde operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), grupos de narcotraficantes y bandas criminales herederas de los paramilitares. Mientras que en Nariño, en la frontera con Ecuador, operan facciones de disidentes de las FARC, el ELN y otros grupos armados ilegales, que se disputan el control del negocio del narcotráfico, la minería ilegal y los vacíos dejados por la ex guerrilla en la región.
Este 8 de enero se vence el alto el fuego bilateral entre el Gobierno y el ELN en víspera de la visita del Papa Bergoglio, en septiembre. Hay intención de continuar con la medida y en la mesa de negociación de paz, que se lleva a cabo en Ecuador, las partes están trabajando para mejorar el sistema de monitoreo liderado por la ONU y con participación de la Iglesia católica.
Pero el problema principal, además de la delincuencia común, es el asesinado de cientos de líderes de la sociedad civil. A menudo, se trata de personas humildes que trabajan para recuperar tierras robadas a los campesinos durante los años de guerra interna o para defender los derechos de las víctimas de bandas paramilitares, dedicadas a la actividad criminal. El Gobierno no siempre reconoce la sistematicidad de estos homicidios, así como por momentos niega la existencia del paramilitarismo. La Fiscalía, en cambio, se ha mostrado más atenta respecto de un fenómeno grave. Pues a la desaparición de las FARC, en algunos sectores, comenzó una disputa por el control territorial. Luego de años de guerra, y de ausencia del Estado, no es fácil reconstruir la institucionalidad en todas las regiones del país.
