Derechos elementales quedan vulnerados por una normativa a favor de los empleadores que acentuará la ya elevada desigualdad social.
Si se quiere verificar de qué lado está el Gobierno del presidente de Brasil, Michel Temer, si del lado de la justicia social o del lado de industriales y terratenientes, con los cuales negoció apoyos en el Congreso para evitar ser investigado por la justicia, bastará con leer el texto de la reforma laboral que regirá a partir de mañana, 11 de noviembre.
La nueva normativa ha suscitado un fuerte debate en el país, siendo apoyada por el sector empresarial, y muy cuestionada por los sindicatos y la mayoría de los jueces laborales y juristas.
Los argumentos de siempre aparecen en el debate: la facilidad de nuevos contratos laborales reclamados por los empresarios, se debilita la posición de los trabajadores en la negociación con los empleadores, sostienen los sindicatos.
De la normativa laboral, aplicada en los últimos 74 años, las dos cámaras del Congreso han modificado 125 artículos. Los cambios, en algunos casos van mucho más allá de “simplificar” las relaciones laborales, sino que las vuelven muy duras para el empleado. Es el caso del régimen de las mujeres embarazadas y en período de lactancia que podrán realizar trabajos insalubres, algo prohibido por la normativa anterior, que impedía el riesgo para su salud. La reforma establece que podrán realizar tareas en un 40% insalubres y si la insalubridad es entre 10 o 20% no habrá reasignación de tareas.
Una norma particularmente odiosa es la que fija un límite para la indemnización por daño, que dependerá del sueldo del damnificado en un accidente de trabajo. En caso de muerte, la indemnización tendrá un valor máximo de 50 veces el sueldo del empleado. Es decir que la muerte de un empleado de limpieza o de un mando medio, para la ley tienen diferente valor indemnizatorio. Asimismo, genera asombro que la reforma permita a las partes acordar colectiva o individualmente por encima de lo que fija la ley. Incluso se podrán renunciar derechos asegurados por la ley, perdiendo la facultad de accionar contra la empresa una vez que eso haya sido pactado. En muchos otros países, normas de este tipo serían nulas en modo insanable.
La reforma permite el trabajo intermitente, la persona es contratada cuando el empleador la convoca, y se le paga por horas trabajadas y de este modo – si hay poco trabajo – se podrá violar la norma constitucional que garantiza el salario mínimo. Se autoriza, además, instituir jornadas laborales de hasta 36 horas con 12 horas de descanso, para todo tipo de actividad, incluidas las insalubres. Se modifica el acceso gratuito a la justicia, y el pago de las costas procesales recaerá a partir de quien gane al menos 508 dólares mensuales.
de la otra parte. En la negociación se podrán fraccionar las vacaciones anuales hasta en tres partes, siempre que sea de común acuerdo. Por lo general, las legislaciones tenían en cuenta que con frecuencia el empleado tiene una posición de mayor debilidad ante el empleador, que puede presionar para obtener condiciones injustas.
Las conversaciones de Temer con representantes en el Congreso de los terratenientes de la agroindustria han generado suspicacias acerca del criterio para establecer cuándo estamos ante trabajo esclavo. La normativa nueva ha optado por condiciones realmente extremas, que abren las puertas a formas de esclavitud menos graves, que no por ello dejan de ser tales. Por el momento el Supremo Tribunal Federal mantiene en suspenso la norma.
Cuando lo que campea es la corrupción uno se encuentra con entramados perversos en que se negocia el abismo y la perversidad. La corrupción mata.
¿polémica? Es una avance en contra de la dignidad del trabajador de la persona.Es una vuelta al siglo XIX!