El presidente de Brasil sigue sin tener en cuenta que la democracia supone un equilibrio de pesos y contrapesos, y eso lo expone al riesgo de una destitución.
Como en el caso de sus colegas en la jefatura de gobierno, Donald Trump o el italiano Matteo Salvini, también el presidente de Brasil Jair Bolsonaro está chocando con su escasa compresión del funcionamiento de las instituciones democráticas y la separación de poderes. En el caso de Salvini, su arrogancia tendrá el posible epílogo de su eyección del gobierno italiano, luego de proclamar una crisis del Ejecutivo que el mismo dirige, sin consultar a aliados y sin haber tenido en cuenta cómo procede ese sistema parlamentarista. El brasileño, en cambio, está suscitando cada vez más reacciones que pueden conducir a su destitución por abuso de poder.
En estas semanas, Bolsonaro ha irritado con posturas como la de sustituir a los miembros de la Comisión sobre Muertos y Desaparecidos de la dictadura militar, incluyendo en este órgano colegiado a figuras de su partido (PSL) que defienden el régimen autoritario. Cómo el presidente entienda ese período de la historia del país, quedó demostrado, por si hiciera falta luego de muchas reivindicaciones de la dictadura, cuando atacó al presidente del Colegio de Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. El padre de Santa Cruz es uno de los desaparecidos. “Un día, si el presidente de la OAB quiere saber cómo desapareció su padre durante el periodo militar, yo se lo cuento. No va a querer oír la verdad”, sostuvo Bolsonaro asombrando a todo el escenario político y desautorizando el informe de la Comisión Nacional de la Verdad cuando aseguró, erróneamente, que había sido asesinado por el grupo Ação Popular. Que los conocimientos de Bolsonaro en materia de ideología sean aproximados, lo demostró meses atrás, cuando visitando el memorial del Holocausto de Yad Vashem, en Israel, afirmó que el nazismo era un movimiento ¡de izquierda!
Por supuesto, no es esta última una razón para destituir a un presidente, pero sí su permanente hostigamiento a quienes no piensan como él o no coinciden con su relato de los hechos. Ha ocurrido con el director del Centro de Investigación Espacial culpable de haber dado a conocer públicamente los datos de la deforestación en la Amazonia, que se ha acelerado durante la actual gestión a un ritmo elevado. Casi 6 mil km2 de selva se han perdido en el último año, en perjuicio del medio ambiente y de las comunidades indígenas. Para Bolsonaro eso dañó la imagen del país y pese a que ese era el deber del funcionario lo reemplazó con un militar. En realidad, su decisión sí afecta la imagen de Brasil cuyos datos sobre deforestación ya no serán confiables. Eso se hizo evidente con el congelamiento de los recursos que Noruega y Alemania destinan a la Fondo Amazonia que, en diez años, ha puesto en marcha proyectos de reforestación o de freno a la deforestación por unos 1.500 millones de dólares. El motivo es que Bolsonaro ha modificado unilateralmente, y sin consultar a los dos socios, que además aportaron el 99% de los recursos, como establece el estatuto del Fondo. El presidente, literalmente, mandó al diablo a los dos gobiernos con unos modales para nada diplomáticos.
La cuestión amazónica tiene varias aristas. Una de las más graves, además de la negación de lo que ocurre con el cambio climático, es que considera excesivas las protecciones a los derechos de los pueblos originarios. Esto ha cooperado en que sea más osada la actitud de terratenientes, grupos agroindustriales y mineros ilegales que deforestan y desplazan a los indígenas invadiendo sus territorios y hasta asesinando a los líderes que se oponen a su acción. Solo en territorio de los indios Yanomani, se estima que hay unos 10.000 mineros ilegales (garimpeiros). Las fotos satelitales de una organización estadounidense han demostrado el desastre que están provocando los buscadores de oro y metales preciosos. El guiño de Bolsonaro a estos grupos ha sido evidente, toda vez que ha hablado a favor de explotar las riquezas amazónica, menospreciando los derechos de los indígenas.
Su ofensiva al respecto llegó al punto de pretender trasladar a la órbita del ministerio de Agricultura la Fundación Nacional del Indio, que tiene el cometido de demarcar los territorios que corresponden a los pueblos originarios o a los descendientes de esclavos. Primero el Legislativo y luego el máximo tribunal del país desautorizaron al presidente suspendiendo la medida. Un 86% de los encuestados por Datafolha está en contra de perjudicar a los pueblos indígenas con la extracción de minerales en sus territorios.
Por otro lado, la reciente amenaza de encarcelar ha puesto en alerta a la Justicia que podría intervenir en caso del delito de abuso de poder que Bolsonaro podría cometer en cuanto presidente. Posiblemente, la facilidad con la que el presidente de Brasil ha congregado apoyos a su candidatura no tiene en cuenta de la volatilidad de ese apoyo que, más bien, fue un rechazo a la gestión anterior. Del mismo modo que el apoyo a Dilma Rousseff se diluyó y permitió su destitución, un parlamento fragmentado como el actual puede diluir la mayoría que respalda a Bolsonaro poniendo fin a sus reacciones destempladas y, con frecuencia, desinformadas sobre el funcionamiento de las instituciones.
