Rafael Acosta, un marino retirado, murió luego de ser arrestado sin orden judicial. Su abogado denuncia que antes de morir presentaba signos de tortura.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derecho Humanos, Michelle Bachelet, expresó su “profunda preocupación” por la muerte bajo custodia del capitán de corbeta (retirado) de la Armada de Venezuela Rafael Costa y pidió una investigación “independiente, imparcial y transparente” de este suceso. Su caso puede constituir una desaparición forzada, prohibida bajo la ley internacional, ya que su familia y abogados no fueron informados durante días de su paradero, y se sospecha que Acosta sufrió torturas durante su detención, denunció la oficina que dirige la ex presidenta chilena en un comunicado.
“Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad”, señaló Bachelet, quien insistió en una investigación imparcial “para facilitar que se lleve ante la justicia a los responsables” de la muerte de Acosta.
Junto con otros tres militares, de los cuales dos en retiro, y dos policías, Acosta fue detenido el 21 de junio por hombres armados sin identificar y sin orden judicial. Estuvo en paradero desconocido durante siete días, hasta que el 28 de junio fue llevado ante un tribunal militar junto a otros cuatro militares y dos ex funcionarios de seguridad acusados de conspirar para asesinar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Según su abogado, el capitán retirado se presentó ante el juez en silla de ruedas, fue incapaz de hablar y mostraba claros signos de haber sido torturado, por lo que el juez lo mandó a un hospital militar, donde murió en la madrugada del 29 de junio.
Bachelet dijo tener en cuenta que dos miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar han sido procesados por asesinato en primer grado, pero lamentó que las alegaciones de tortura no hayan sido aparentemente incluidas en los cargos. Por último, la alta comisionada de la ONU pidió a las autoridades venezolanas que permitan a los otros seis militares y ex oficiales de seguridad detenidos junto al capitán Acosta recibir visitas de sus abogados y familiares, y que se garantice que sean tratados con humanidad y dignidad.
Las declaraciones de Bachelet se producen apenas 10 días después de que realizara una visita oficial a Venezuela visita oficial a Venezuela para estudiar la situación de las libertades fundamentales en ese país, que expondrá esta semana en el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra. La muerte del militar retirado ocurre, además, mientras se realizan esfuerzos para encaminar la crisis venezolana hacia un diálogo político que permita superar el actual momento de impasse institucional, con un Legislativo no reconocido por el Gobierno, un presidente cuya legitimidad es cuestionada y un autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de Estados.
Estas situaciones son aberrantes y pavorosas; también es pavoroso que se ponga solo blanco sobre negro en las violaciones a los DDHH en Venezuela; y se les traspapelen los crímenes de lesa humanidad en Honduras, Haití, México e incluso Argentina; ejemplos Rafael Nahuel, Santiago Maldonado; el nene de 12 años abatido por la espalda de un balazo en la nuca por la policía en la Provincia de Tucumán “Facundo Ferreyra”, la masacre de los adolescentes en San Miguel del Monte; la distinción del presidente Macri al policía Luís Chocobar haciendo apología del gatillo fácil que remato de un balazo a un delincuente caído en el piso con una bala en su cuerpo. Aliento la investigación del caso planteado, pero quisiera preguntar a Bachelet porque no señala los centenares de crímenes de estado en países amigos del Imperio del Norte. Me aflige mucho lo que ocurre en Venezuela y desearía se alcanzara un acuerdo político; pero no me alcanza.