En marzo de 2016, la Unión Europea y Turquía firmaron una declaración para abordar los flujos migratorios. La misma promueve la asistencia frente a los movimientos de refugiados dentro de Turquía. Buscaba minimizar la migración ilegal de Turquía a los estados de la UE, especialmente Grecia, y prevenir muertes innecesarias en el Mar Egeo. A tal efecto, la Unión y Turquía acordaron en marzo de 2016 un procedimiento coordinado.
La UE acordó proporcionar un apoyo financiero que inicialmente ascendió a 3 mil millones de euros para la atención de los refugiados en Turquía. Tan solo una semana después de la firma, allá por 2016 las llegadas irregulares a Grecia se habían reducido de 1.740 a 47 por día. La frontera oriental de la UE se daba así por sellada mientras otras vías cobraban fuerza: primero la ruta central entre Libia e Italia (con 181.436 llegadas en 2017) y después la ruta occidental entre Marruecos y España (con 58.525 llegadas en 2018).
Pero lo que por aquel entonces parecía el modelo a seguir, se ha convertido en una pesadilla. No sólo vuelven a aumentar las llegadas irregulares a las islas griegas sino que las imágenes de ataques xenófobos en Lesbos y de la policía griega disparando contra migrantes en Edirne no dejan a nadie indiferente.
Para entenderlo hay que recordar las bases del acuerdo. Sobre el papel, Turquía se comprometía a readmitir a toda persona llegada irregularmente a las costas griegas.
A cambio, los estados miembros aceptaban reasentar un ciudadano sirio por cada sirio retornado a Turquía. Además, la UE prometía acelerar el proceso de liberalización de visados para los ciudadanos turcos e incrementar la ayuda financiera para la acogida de refugiados en Turquía (primero con 3.000 millones de euros y meses después con 3.000 más). El mensaje era claro: los que intentaran llegar a Grecia serían rápidamente retornados, mientras que los que esperaran pacientemente en Turquía tendrían la posibilidad de entrar en su lugar.
En la práctica, a lo que Turquía realmente se comprometió fue a controlar las fronteras europeas desde fuera. Y hay más: lo que redujo drásticamente las llegadas a Grecia no sólo fue la externalización del control migratorio al país vecino sino la internalización de espacios de excepción dentro de las propias fronteras europeas. Con el cierre de la ruta de los Balcanes y la entrada en vigor del acuerdo con Turquía, Grecia se convirtió en destino final.
Los que llegaron después de marzo de 2016 quedaron atrapados en las islas. Según la Comisión Europea, la restricción geográfica era necesaria para poder cumplir el acuerdo, es decir, asegurar el retorno inmediato a Turquía o a los países de origen de aquellos que hubieran llegado irregularmente. Es así como las islas griegas se convirtieron en campos de detención a cielo abierto.
En estos años no hubo expulsiones masivas de Grecia a Turquía, ni se han abierto vías legales y seguras de reasentamiento de Turquía a la UE. Desde 2016 apenas se han ejecutado 2.000 devoluciones de Grecia a Turquía. Esto se explica, en parte, por el rechazo de los tribunales griegos a aceptar Turquía como país seguro. En cuanto al reasentamiento, tan solo 25.000 refugiados (de un contingente que se había fijado en 72.000 plazas) han sido reubicados de Turquía a la UE.
El gobierno turco se queja, además, de que la UE no ha cumplido su parte del acuerdo: ni liberalización de visados, ni reforma de la unión aduanera, ni los 6.000 millones de euros prometidos, que según Ankara siguen llegando en cuentagotas.
De este modo Erdogan se excusa: «No estamos en condiciones de atender y alimentar a tantos refugiados. Si son sinceros, deben participar en esto; de otro modo, dejaremos las fronteras abiertas».
Hay vidas en riesgo de aquellos que quedaron en los márgenes. Son las personas que siguen en Siria, soportando una guerra que lleva una década; las vidas de los que consiguieron llegar a Turquía, más de 4 millones de refugiados, la mayoría sin papeles y siendo objeto de explotación laboral, discriminación y exclusión de los servicios sociales más básicos. Este presente sin futuro, los convierte en presa fácil de las promesas de Erdogan.
Dentro de Europa, están las vidas de los que siguen en la miseria y desesperanza incluso habiendo llegado. A la lentitud y colapso del sistema de asilo en Grecia, se suman el hacinamiento, la insalubridad y la inseguridad en los campos de refugiados. No es un problema de incapacidad o recursos.
La situación en las islas griegas busca tener un efecto disuasorio sobre los que todavía podrían estar por llegar. Con la sensación de que el gobierno y la UE les han dejado solos en la acogida de refugiados, estos últimos empiezan a atacar a los migrantes, a quienes ven como el origen de todos sus males. Es una guerra entre pobres y olvidados. Es un conflicto sin fin, puesto que la solución no está en manos ni de unos ni de otros.
Más allá de las cuestiones geopolíticas y de los equilibrios de poder entre la UE y Turquía, los años del acuerdo ponen de manifiesto que cualquier política migratoria que pretenda ser efectiva debe tener en cuenta esas vidas en los márgenes. Esto pasa por abordar tres escenarios geográficos distintos. La mejor política de fronteras es una política que trabaje para favorecer la seguridad humana más allá de estas. Es urgente construir condiciones de vida dignas en los campos de refugiados. No sólo para garantizar unos derechos fundamentales sino para evitar esas «guerras entre pobres» que bien podrían acabar convirtiéndose en nuevas crisis humanitarias.
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/faq-eu-turkey-statement-1878730
