La justicia ha citado a declarar al cardenal Ricardo Ezzati en calidad de imputado de un posible delito de encubrimiento.
Para muchos se trata – y seguramente lo es – de un hecho inédito que el cardenal primado de Chile, Ricardo Ezzati, haya sido convocado por la justicia a declarar en la investigación sobre abusos sexuales, en gran parte cometidos contra menores, en calidad de imputado por el posible delito de encubrimiento. Pero cuando se observan con mayor detenimiento los hechos, lo inédito ocurrió cuando el Papa Francisco decidió reabrir las investigaciones de la Iglesia sobre los mismos hechos acogiendo el clamor de las víctimas que insistían en que no habían sido escuchadas, apoyadas y tomadas en serio sus señalaciones de hechos graves.
Es a partir del envío de monseñor Charles Scicluna que la Iglesia adopta por un lado la estrategia de volver a analizar los casos y, paralelamente, ofrecer colaboración a la justicia para que también se investiguen los delitos cometidos. Y es a partir de su informe que todos los obispos de Chile, reconociendo la gravedad de la situación, presentaron masivamente su renuncia que, en cinco casos, ya han sido aceptadas.
Ezzati será investigado luego de que el Ministerio Público publicara un informe sobre la totalidad de las causas, unas cuarenta, que han abierto más de 140 investigaciones que involucran a casi 160 personas. Los fiscales ya allanaron las oficinas del arzobispado de Santiago y de la cercana diócesis de Rancagua, donde ha aparecido una carta enviada por el obispo Alejandro Goic – destituido por el Papa – en la que reprocha a Ezzati un mal manejo de los casos de abusos que podrían derivar en delitos, como efectivamente ha ocurrido. Entre los casos que se sospecha el encubrimiento podría figurar el de los abusos cometidos por el ex canciller del arzobispado de Santiago, quien está siendo procesado.
Se está verificando en Chile aquello que, con sentido común, se ha señalado en varias oportunidades, incluso por el propio Papa Francisco. En el mejor de los casos, la jerarquía católica ha cometido el grave error de considerar solo el aspecto moral de los abusos, creyendo que fuera suficiente alguna reprimenda, una sanción disciplinaria o un cambio de funciones para poner fin a conductas que, además de una grave forma de perversión psicológica, configuran una conducta delictiva que debió ser denunciada. La Iglesia no está por encima de las leyes del Estado, sino que se somete a ellas en cuanto parte de una comunidad política en la que viven sus miembros. Si internamente es su deber vigilar sobre la conducta moral de sus miembros, tiene el deber de solicitar la intervención de la justicia tanto eclesiástica como civil en caso de delitos. Nunca, y el Papa lo ha reafirmado en múltiples documentos y en instrucciones dadas al respecto, en nombre de la imagen o para evitar un escándalo se pueden ocultar hechos de tal gravedad que han incidido tan negativamente en la vida de tantas personas, siendo además menores. Personas que, además, eran las primeras perjudicadas en cuanto víctimas de hechos abominables. La falta de una actitud protectora para con las víctimas ha sido una dolorosa constante en la gran parte de los casos. No por nada Francisco se refirió a la parcial pérdida de espíritu profético en la Iglesia chilena. Son errores que además le restan a la Iglesia cualquier autoridad para hablar en tema de moral. Y deberían motivar – el Papa lo está haciendo – importantes cambios en la cúpula de la jerarquía, que ha demostrado no saber estar a la altura de la misión pastoral que se le ha confiado.
