No es gratuito manipular una Constitución, un Congreso o la separación de poderes, sino que tiene efectos perversos sobre la democracia.
Paraguay manifiesta uno de los problemas de la región que el razonamiento cortoplacista de sus líderes no logra detectar con claridad y lucidez de ideas. Es el de la inestabilidad de las instituciones que deriva de la manipulación, incluso grosera de la Constitución y de las instituciones democráticas.
El presidente electo paraguayo Mario Abdo Benítez ha confirmado – por el momento – que su predecesor Horacio Cartes, que ya ha apoyado torpes manipulaciones de la institucionalidad, seguirá en su cargo hasta el 15 de agosto, cuando se transformará en senador vitalicio, con derecho a voz pero no a voto. Quiso decir que sus senadores no votarán por la aceptación de la renuncia presentada por Cartes hace más de una semana y que, por el momento, no hay votos suficientes para satisfacer el deseo del mandatario.
Cartes quiere ser senador con derecho pleno y por ello ha conquistado una banca del senado en las últimas elecciones. Para ello, necesitó atropellar la norma constitucional que no se lo permite, conseguir el aval de las autoridades electorales domesticadas a su deseo, y de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que acto seguido renunció a su puesto para transformarse en vice presidenta con aspiración a ser primera mandataria femenina, aunque sea durante un mes y medio pues a fines de junio se habría concretado, teóricamente, la renuncia.
El bochorno de una situación de este tipo es evidente. Antes de irse, en una decisión de política exterior cuestionable en un presidente que está por dejar su cargo, Cartes ha viajado a Jerusalén siendo uno de los pocos países que acompaña la decisión de los Estados Unidos de trasladar su embajada en la capital de Israel. Lo que expone a su personal a una situación delicada para su seguridad.
Pero lo que es más grave es la incapacidad de los líderes sudamericanos de comprender el daño que se produce en términos de credibilidad de las instituciones cuando son utilizadas descaradamente para fines particulares. Brasil paga ahora este precio luego de que se hayan aplicado arbitrariamente las normas constitucionales para el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. En Perú, un Congreso dominado por el fujimorismo, ha aplicado a su criterio el quórum necesario para resolver la disputa familiar entre los dos hermanos Fujimori enfrentados, mientras la agenda de las emergencias de Perú es mucho más larga.
Los efectos negativos de este tipo de mentalidad son múltiples. Ante todo, repercuten sobre la calidad de la democracia que nunca termina por consolidarse y con ella el necesario clima de confianza generalizada. Otro efecto de esta debilidad se relaciona la intención de los inversores en la región que a menudo apuestan por recuperar en poco tiempo sus inversiones, con tasas de retorno muy elevadas, por tanto, con un elevado valor de los costos de los bienes o servicios producidos. La razón es que la inestabilidad institucional genera incertidumbre en la programación de actividades en el largo o muy largo plazo. Si se compara la tasa de retorno de los mismos inversores en Europa, por ejemplo, donde la estabilidad es mucho mayor, se notarán grandes diferencias.
Son visiones que obedecen al mero interés particular e inmediato que se suele ubicar en las antípodas del bien común en un país. Y esta contradicción entre visiones es uno de los principales desafíos para las democracias de la región.
