Se incrementan las penas por el delito de explotación sexual, se instituye un registro de agresores sexuales. También hay medidas en el área educativa.
Este miércoles el Congreso de Perú convirtió en leyes cinco proyectos referidos a delitos de violencia contra la mujer. Entre las leyes aprobadas, una eleva las sanciones por explotación sexual contra la mujer y menores de edad.
También se aprobaron normas orientadas a la prevención de casos de violencia de género y abuso sexual contra menores, así como la promoción de contenidos sobre igualdad en los colegios.
A partir de su promulgación, quedará modificado el Código Penal peruano sobre el delito de explotación sexual en sus diversas modalidades, que elevará las condenas actuales, entre 8 a 15 años, a penas que van de 20 a 25 años para los que cometan este delito. Se especificó que la pena será no menor de 20 años ni mayor de 25 años si la víctima tiene discapacidad, es adulta mayor o padece de una enfermedad grave.
Asimismo, se modificó el artículo que sanciona con prisión a los que promueven, publicitan, favorecen o facilitan la explotación sexual de otra persona, pasando a una pena de seis a ocho años de los cuatro a seis años que se establecía hasta ahora.
De igual modo, se creará un Registro de Prevención e Identificación de Agresores Sexuales, que será de libre acceso y donde se publicará la información de las resoluciones judiciales para identificar públicamente a los sentenciados o con orden de captura por este delito. También se aprobó un proyecto de ley que autoriza el cierre de los hospedajes que permitan el ingreso de niños y adolescentes sin sus padres o responsables debidamente acreditados.
Las normas intervienen también en los contenidos curriculares en Educación Básica Regular. Se aceptó declarar “de interés nacional” los contenidos curriculares sobre igualdad de oportunidades y contra la violencia familiar en la Educación Básica Regular.
Finalmente, se adoptó una ley que propone medidas para que los despachos fiscales y judiciales den prioridad a casos de trascendencia social como los de violencia de género y abuso sexual contra menores.
