El texto vigente fue impuesto durante la última dictadura. Se fortalecen derechos y se eliminan mayorías especiales para legislar.
Cuando faltan 5 días para el cambio de mando, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dispuso para el día de hoy el envío al Congreso del proyecto de ley que propone un nuevo texto de la Constitución que pretende reemplazar el actual, impuesto en 1980 en plena dictadura de Augusto Pinochet.
La nueva carta magna es el resultado del proceso constituyente “participativo” impulsado durante su Gobierno. En una intervención en cadena nacional, la presidenta destacó que el texto propuesto “ha nacido de la gente, como nunca antes en la historia de nuestro país”… “pone a Chile al día con los cambios sociales y culturales a nivel global y nacional”, proporcionando “un marco normativo legítimo, para que todos vivamos en paz, con derechos garantizados y con instituciones respetadas y eficientes”. Bachelet señaló que la iniciativa “se hace cargo de la desprotección de sus derechos en que vive la enorme mayoría de los chilenos” y, en esa línea, “establece nuevos derechos y amplía, aclara, perfecciona y garantiza los ya establecidos en el texto vigente”, que calificó como “ilegítimo en su origen” y “no nos une bajo un techo común, como debiera ser”.
El proyecto de Nueva Constitución señala “la inviolabilidad de la dignidad humana y el respeto y protección de los derechos humanos (…) corrigiendo una tremenda omisión del texto actual”, a la vez que “establece los derechos de los niños, las niñas y de los adolescentes; el derecho a la personalidad, a la participación, a la información, a la vivienda, al trabajo, o a la gratuidad en la educación”. Por otro lado, “amplía el derecho al debido proceso, el derecho a huelga, al ejercicio de los derechos políticos, el derecho a la libertad individual y a la seguridad personal, derecho a la protección de los datos privados o a la calidad en la salud pública y a la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, especialmente en materia salarial”.
También “perfecciona el derecho a la educación, a la protección de la salud, a la seguridad social, a la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada”. Bachelet indicó que el nuevo texto garantiza una protección eficaz de los derechos: “En el futuro, toda persona podrá recurrir a los tribunales cuando estime haber sido lesionado en cualquiera de los derechos establecidos constitucionalmente”.
La Presidenta insistió en que no se parte de cero pues la nueva constitución recoge la herencia republicana, democrática, social, que ha sido perfeccionada, manteniendo vigente muchas disposiciones introducidas en las reformas después de 1989 y muchas de las cuales provienen del texto de 1925.
Entre los aspectos más destacables el nuevo texto “se hace cargo de una deuda histórica: el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, con sus derechos, su identidad y su cultura y su legítima aspiración de tener una representación en el Congreso Nacional“, anunció Bachelet.
La mandataria saliente también indicó que el texto “establece un equilibrio entre los poderes del Estado, en especial entre el Gobierno y el Congreso, para permitir el verdadero juego democrático. Se eliminan los quórum supramayoritarios en las leyes, y se elimina el control preventivo voluntario del Tribunal Constitucional”.
Otro cambio es que “los órganos públicos, independientemente de su autonomía, son órganos del Estado, y que sus controversias en materia de competencias están sujetas a un procedimiento establecido en la propia Constitución”.
Finalmente, Bachelet destacó que “se fortalece la soberanía popular a través de mecanismos de innovación, como la Iniciativa Ciudadana de Ley, que podrá ser puesta en marcha por el 5 por ciento de los ciudadanos con derecho a sufragio”.
