Una amplia mayoría de votos impidió que el presidente se presentara ante la justicia para responder a la acusación de corrupción.
Eran suficientes 142 votos para evitar responder ante el Tribunal Supremo de Brasil de la acusación de corrupción presentada por la Fiscalía general. Michel Temer obtuvo más de 260 luego de haber negociado con los partidos promesas, apoyos, prebendas a diputados, incrementando en 3.200 millones de dólares el gasto fiscal que en su momento prometía reducir y hacer más austero.
Por segunda vez, el Congreso le evita el delicado problema de responder ante la justicia por los actos de corrupción de los que se le acusa. Prácticamente, desde el año pasado, cuando sucedió en la presidencia del país luego de la destitución de su ex compañera de fórmula, Dilma Rousseff, Temer ha empleado gran parte de su tiempo a reemplazar la mitad de su gabinete que tuvo que renunciar por verse involucrados con los escándalos que afligen el país, y a sortear las mismas acusaciones contra él.
Tecnicismos jurídicos impidieron que prosperaran pruebas como el audio grabado por un empresario que lo acusa de avalar coimas casi vitalicias a figuras políticas para que “no hablen” y así revelen la red de corrupción que envuelve al presidente, cuyo índice de popularidad anda por el suelo: entre el 3 y el 5% de aprobación. El nivel más bajo de la historia. Es una paradoja gigantesca: fue destituida una presidenta por irregularidades técnicas (las mismas que cometieron todos los gobiernos que la precedieron), pero el Congreso salva dos veces a uno de los presidentes más sospechado de corrupción de la historia del país, llegado al poder gracias a una voltereta política que contradice en pleno la voluntad de las urnas.
Tienen razón muchos de los analistas cuando definen como “triste” la actualidad política de Brasil.