Los partidarios de Fujimori reclaman por la detención domiciliaria del ex dictador, condenado a 25 años por violación a los derechos humanos.
Mientras el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, sigue cavilando si concederá o no el beneficio de los arrestos domiciliarios al ex presidente Alberto Fujimori, quien purga una condena a 25 años por delitos de lesa humanidad y corrupción, aparecen nuevos elementos acerca del caso de la esterilización forzosa de 236 mil mujeres durante su mandato.
El tema del beneficio de los domiciliarios es, en realidad, un chantaje sin más. Kuczynski no dispone en el Congreso, que es unicameral, de la mayoría necesaria. Los fujimoristas controlan el Legislativo y arrinconan al presidente con la amenaza de negar el voto de confianza necesario para avanzar en su programa si no se otorga al ex dictador, autor de un autogolpe, el mencionado beneficio. La escusa sería la edad de Fujimori, quien tiene de 79 años. Eso significa que hay incluso un proyecto político tras este pedido.
Sin embargo, mientras tanto un grupo de colectivos sociales y organizaciones no gubernamentales solicitaron este martes a la Fiscalía de Perú volver a acusar a Fujimori por delitos de lesa humanidad. El ex mandatario promovió una campaña de control de la natalidad llevada a cabo con información insuficiente o directamente engañando a 236 mil mujeres acerca de las consecuencias del ligamento de trompas y de la vasectomía. Se trataba de mujeres de sectores de bajos ingresos, en zonas rurales, a menudo analfabetas, pertenecientes a minorías de pueblos originarios.
Según los estudios realizados, 211,000 mujeres recibieron información incompleta sobre el proceso y las consecuencias de la ligadura de trompas, otras 25,000 mujeres no sabían que era una intervención irreversible.
Las estimaciones están basadas en el estudio “Política de esterilizaciones con información incompleta: Perú 1995-2000”, del economista Silvio Rendon, de la Universidad de Nueva York, y en otras investigaciones de Camila Gianella, del Instituto CHR Michelsen de Noruega. La organización Demus sostiene que el informe que ha presentado contiene pruebas que no habían sido consideradas hasta ahora por la Fiscalía para demostrar el carácter irregular o forzoso de las esterilizaciones, como por ejemplo el considerable número de intervenciones realizadas a mujeres menores de 25 años, analfabetas, quechuahablantes e indígenas.
Recientemente, la justicia ha pretendido archivar el caso, sosteniendo que no había suficientes elementos. Sin embargo, aparecen nuevos y contundentes documentos. La sospecha es que haya cierta contemplación para con el ex mandatario pese a que más de 2,000 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.
Fujimori ya es un preso que goza de excesivos beneficios, que desde su reclusión incluso sigue recibiendo a políticos y seguidores realizando una actividad poco acorde con el caso de un violador de derechos humanos, corrupto y atentado con el Estado de derecho. Asignarle más beneficios sería un error incomprensible para la ciudadanía, e incompatibles con cualquier criterio de justicia.
