Ha votado poco más del 40% de los cinco millones de catalanes con derecho a voto, y de estos el 90% estarían a favor de la independencia.
Se cierra con un balance “triste”, al decir de numerosos actores políticos y sociales, la jornada de consulta referendaria en Cataluña. Algo más del 40% de los ciudadanos censados por el gobierno catalán concurrió a votar sin garantías legales y de control de la emisión del voto. De estos, un 90% se pronunció a favor de la independencia de esta provincia. La votación ocurrió en un marco de enfrentamiento, con el ingreso de las fuerzas policiales en algunos lugares de votación, y unas 800 personas que tuvieron que ser socorridas en los hospitales por los golpes recibidos.
El gobierno de Carles Puigdemont considera que eso es suficiente para avanzar en una declaración de independencia que desafía el Estado español, cuyo Tribunal constitucional había considerado ilegal el referéndum, convocado y llevado a cabo sin respetar las normas y los procesos previstos por la ley. Y que también desafía el sentido común: no hay elementos suficientes para hablar de la voluntad de una mayoría de los catalanes, tampoco hay elementos que justifiquen una decisión de este tipo. Hablar de derecho a la autodeterminación, como se ha hecho en estas semanas, es utilizar este principio de manera impropia. La ONU lo reconoce, pero en caso de un pueblo sometido por otro o colonizado. Sería como si los habitantes de la provincia de Santa Fe o del norte chileno o del este de Uruguay decidiesen independizarse invocando su autodeterminación. Se soslaya en estos casos que también hay un derecho concurrente, el de la integridad territorial del Estado, que es además un interés colectivo. Es por ello que la Argentina niega el argumento de la autodeterminación en su reclamo por las islas Malvinas, donde no hay un pueblo sometido por otro.
Llama la atención que entre las razones que esgrimen los separatistas catalanes aparecen los argumentos de poca sensibilidad social: somos los más ricos y los más perjudicados por el gobierno central. Lo cual, justifica el adjetivo de “triste” utilizado para calificar la situación. Y es triste que tampoco parece haber estado a la altura el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, que no ha sabido ir más allá de mostrar el peso de la ley y un uso de la fuerza contrario a la necesidad de llegar a diálogo.
La paradoja, que debería ser considerada por los independentistas, es que defendiendo intereses de un grupo, que no es mayoritario, se esté creando una crisis que afecta a todos.
