Un decreto del Poder Ejecutivo regula las transferencias de futbolistas de un club a otro y otorga al Estado un mayor control.
Uruguay intenta hacer más transparente la actividad comercial en torno al fútbol. A tales efectos, el Gobierno aprobó un decreto que regula las transferencias de futbolistas entre instituciones deportivas otorgándole al Estado un mayor control en esos asuntos.
El decreto impide que los clubes cedan a los contratistas los derechos de los jugadores de fútbol, una actividad ya prohibida desde 1980 pero que no estaba regulada y no era cumplida. Se establece por tanto un límite “a todas las instituciones afiliadas a las asociaciones o federaciones deportivas reconocidas oficialmente o a cualquier otra institución con personería jurídica a realizar cualquier tipo de derechos sobre la prestación de la actividad laboral de un deportista a favor de personas físicas o de instituciones sin personería jurídica reconocida por el Estado”.
El texto establece que las personas físicas que incumplan esta normativa podrán ser penalizadas con una multa de entre 172 y 138.000 dólares. Además, el decreto mandata a los clubes a presentar, previo a cada transferencia de un jugador, una declaración jurada con los detalles de la operación.
Las instituciones “deberán registrar anualmente en la Secretaría Nacional de Deporte sus balances aprobados”. De esa forma, el gobierno podrá acceder a la información necesaria para verificar las entradas y salidas de los fondos procedentes de cada transferencia y corroborar que la información corresponda a lo incluido en las declaraciones juradas.
