Actualmente, los estados miembros de la OEA, de la que es parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son los que menos aportan para su funcionamiento.
Nuevamente el Gobierno de Ecuador formuló la propuesta de realizar un cambio radical en el modelo de financiación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad que pertenece al sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA). La paradoja de este organismo es que los Estados del continente, los que se benefician de la actividad de la CIDH son los que menos aportan, el 6 por ciento apenas de su presupuesto, mientras que la gran parte es aportada por entidades privadas y Estados que no forman parte de la OEA, según señaló el canciller ecuatoriano, Guillaume Long.
Para el titular de Exteriores de Ecuador, la actual crisis financiera del organismo se debe esencialmente a “un modelo equivocado”, que depende de entes privados y Estados que no son parte de la OEA. Los 34 países que integran la OEA aportan 4,8 millones de dólares anuales de su fondo regular, mientras que países europeos y otros donantes aportan una suma similar, 5 millones, pero se trata de contribuciones voluntarias acerca de las cuales no hay seguridad de contar. Se estima que con menos de 12 millones anuales la CIDH no puede mantener sus funciones actuales y serían necesarios al menos 24 millones de dólares anuales para poder contar con un sistema que funcione razonablemente. En lo que va de 2016, la CIDH pudo contar con aportes por 2,8 millones de dólares en aportaciones voluntarias, de los cuales 2,3 millones aportados por los Estados Unidos. La Argentina contribuyó con 40.000 dólares, Uruguay con algo más de 24.000 y apenas 5.000 fueron enviados por el Gobierno de Perú. Considerando el tamaño de las economías del continente americano, se trataría de sumas realmente poco importantes.
Long sostiene que el modelo de financiación utilizado ha tenido el resultado de politizar el tratamiento, la defensa y la promoción de los derechos humanos en el continente, que es la función de la CODH. El Gobierno de Ecuador ha manifestado en varias oportunidad los inconvenientes de aportes que no sean no permanentes, condicionados y direccionados, que los entes privados y los Estados externos al Sistema Interamericano realizan. La reducción abrupta de los aportes de los donantes ha determinado una crisis muy severa en el organismo, y su presidente, James Cavallaro, alertó que de no mediar cambios, en cuestión de 15 días se deberán suspender muchas actividades y despedir al 40 por ciento de los funcionarios de planta.
