La mujer ha huido de su país luego de denunciar vínculos del entorno de Nicolás Maduro con la firma Odebrecht.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, permanece en Colombia, donde recibe la protección del Gobierno local, luego de huir de su país junto a su marido, German Ferrer, quien ejercía el cargo de diputado, y otros dos funcionarios de la fiscalía.
No se ha especificado dónde se encuentra Ortega y sus acompañantes, quienes ingresaron al país como turistas el viernes pasado, provenientes en vuelo privado desde la isla de Aruba. Habían llegado a la isla en lancha, huyendo del acoso del gobierno del presidente Maduro.
Tanto Luisa Ortega como su marido en su actividad de legislador eran parte del oficialismo. La voz crítica de la fiscal comenzó a oírse cuando a fines de marzo el Tribunal Supremo de Venezuela intentó torpemente neutralizar la Asamblea Legislativa asumiendo sus funciones. Sucesivamente, la fiscal denunció la responsabilidad también policial en los choques entre oficialismo y oposición que, desde hace meses ensangrientan Venezuela, con unos 120 muertos, cientos de heridos y personas detenidas. A fines de julio, la fiscal denunció la ilegitimidad de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente enteramente formada por miembros del oficialismo. El 6 de agosto, la misma Constituyente la destituyó y la semana pasada limitó notablemente las funciones de los legisladores elegidos en diciembre de 2015, sin que haya un respaldo constitucional para tal decisión y sin que haya indicios de que se esté dedicando a redactar una nueva Carta Magna. Las oficinas de la fiscalía fueron allanadas por la policía y también el domicilio de Luisa Ortega.
Antes de huir de Venezuela, en una intervención por video conferencia en un foro latinoamericano de fiscales empeñados en la lucha contra la corrupción, realizado en México, la fiscal denunció que tenía documentación acerca del vínculo entre el entorno del presidente Nicolás Maduro y el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que ha admitido haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos en una docena de países de la región.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha afirmado que en caso de que Ortega solicite asilo político le será concedido y que por el momento se encuentra bajo protección de su Gobierno.
Desde Venezuela tanto el canciller como el nuevo fiscal general han lanzado acusaciones contra Ortega y contra el Ejecutivo colombiano, alegando una conspiración internacional con sede en el vecino país y supuestos actos de corrupción cometidos por la fiscal.
