El 60% de los homicidios se cometió en América latina y más del 40% en Brasil y Colombia. Las comunidades indígenas son las más vulnerables.
El informe Global Witness 2017 reporta que el año pasado 200 defensores del medio ambiente fueron asesinados en 24 países del mundo. En 2015 los asesinatos fueron 185 y se cometieron en 16 países.
América Latina mantiene su relevancia en el nuevo informe de Global Witness, pues el 60% de las muertes se concentraron en esta región. Si bien el porcentaje del año pasado fue superior, y alcanzó casi el 67%, el dato es fuertemente inquietante.
La situación es resumida en modo eficaz por Milton López Tarabochia, en un artículo publicado por el sitio web Mongabay, en el cual destaca que la población más vulnerable a los asesinatos es la indígena: el 40% de las víctimas provienen de los pueblos originarios.
El informe de Global Witness señala que los asesinatos de los defensores del medio ambiente y la tierra están vinculados a la oposición de estos grupos minoritarios a proyectos extractivos y grandes infraestructuras, que impactan de manera negativa en su territorio: 33 de los líderes que murieron, previamente se opusieron o cuestionaron proyectos relacionados con el sector minero y petrolero; 23 antes de morir enfrentaron actividades vinculadas a la extracción forestal; 23 al sector agroindustrial; 18 se opusieron a la caza ilegal; 7 a proyectos relacionados con el agua y las represas y; 4 fueron se oponían a otras actividades.
Pero este número alarmante de muertes se debe también a que los gobiernos y los inversionistas de las empresas transnacionales están fallando en combatir la causa fundamental de los asesinatos: “la imposición de proyectos extractivos en comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado”, se cita en la investigación.
El informe indica que los inversionistas están “alimentando la violencia al financiar proyectos y sectores abusivos, y al no apoyar a las y los activistas locales amenazados”. Y esto incluye a los bancos de desarrollo.
La criminalización de la protesta también ha sido considerada por los especialistas de Global Witness quienes sostienen que se usa para “reprimir el activismo ambiental y la defensa del derecho a la tierra en todo el mundo”. Incluso en países como Estados Unidos.
Entre los países más afectados por las muertes de los defensores ambientales están Brasil con 49 muertes. Siguen Colombia (37), Filipinas (28), India (16), Honduras (14), Nicaragua (11), República Democrática de Congo y Bangladesh (10), Guatemala (6); Irán y México (3); Myanmar, Perú y Sudáfrica (2), Camerún, China, Irlanda, Malasia, Pakistán, Tanzania, Tailandia, Uganda, Vietnam y Zimbabue (1).
Billy Kyte, líder de la campaña de Global Witness, explicó a Mongabay Latam que la metodología aplicada consiste en utilizar fuentes públicas como artículos en los medios de comunicación, informes de ONGs y de Naciones Unidas. “Además, esa información la verificamos con los datos de organizaciones de monitoreo en los países analizados como Brasil, Colombia, Honduras, Filipinas, y los demás”, explicó el especialista. Kyte también señaló que Global Witness define a los defensores como las personas que toman medidas pacíficas para proteger sus derechos a la tierra o al medio ambiente, ya sea a título personal o profesional. Además, como se explica en el informe, también se toman en cuenta entre los casos analizados los asesinatos y las desapariciones forzadas.
Los homicidios de los defensores del medio ambiente y la tierra solo el resultado final de una gran cantidad ataques pasados. De acuerdo al informe de agosto del 2016 de la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, citado por el estudio de Global Witness, antes de ser asesinados, los defensores han sido víctimas de agresiones que va desde la desaparición forzada, a las amenazas y ataques a la familia, el acoso sexual, chantajes, la vigilancia ilegal, acoso judicial, prohibición de viajes, uso de la fuerza como represión en manifestaciones pacíficas…
Las amenazas mencionadas son ejecutadas por agentes que han podido ser identificados por Global Witness. En el caso de Colombia y Filipinas, los grupos armados ilegales como los paramilitares están vinculados a 35 casos; la Policía está relacionada con 33 homicidios; los terratenientes a 26 ataques y la seguridad privada a 14 casos. Los cazadores furtivos, generalmente, en el continente africano, están inmiscuidos en 13 casos. Los militares, colonos, madereros, sicarios y representantes empresariales son otro grupo de actores asociados a los asesinatos de algunos defensores.
Las principales recomendaciones que Global Witness tiene para los gobiernos, en especial para los latinoamericanos, según Kyte, apuntan a combatir las causas de las amenazas al permitir a las comunidades que puedan elegir de forma libre e informada si sus tierras y recursos pueden ser utilizados o no, y no solo convocarlos para consultarles sobre la extracción de sus recursos naturales. En segundo lugar, se debe proteger a las personas defensoras a través de leyes, políticas y prácticas específicas. Y, finalmente, que los gobiernos hagan un seguimiento y una rendición de cuentas de los abusos cometidos contra los defensores. “Esto va más allá de procesar judicialmente a las personas responsables de ordenar o perpetrar un ataque. Se extiende a asegurar que los actores que no apoyan ni protegen a las y los defensores enfrenten consecuencias por su falta de acción”, concluyó Kyte.
El informe completo de Global Witness
