Los bienes de Luisa Ortega han sido congelados y no puede salir del país. La próxima semana los jueces decidirán si enjuiciarla.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha decidido avanzar contra la fiscal general Luisa Ortega Díaz, congelando sus cuentas bancarias, prohibiéndole vender o gravar sus propiedades o dejar el territorio nacional. El día 4 de julio, el Tribunal Supremo – cuya integración ha sido calificada de ilegítima por la propia fiscal general-, decidirá si enjuiciar o no a la representante del ministerio público.
Ortega ha manifestado en más de una oportunidad la conformación del órgano supremo del Poder Judicial, integrado por jueces afines al régimen chavista nombrados poco antes de que finalizara el mandato del anterior Poder Legislativo y sin seguir el necesario procedimiento. A su vez, la fiscal general ha criticado la intromisión del Tribunal Supremo con el Poder Legislativo neutralizando la función de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Sus críticas, han impactado en el debate político siendo que hasta hace poco Luisa Ortega fue una aliada del chavismo.
Hace dos semanas, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Pedro Carreño presentó una demanda contra Ortega, alegando dudas sobre su salud mental y asegurando que la fiscal podría haber cometido “faltas graves en el ejercicio de su cargo”.
En estos meses en que los choques entre la oposición y el oficialismo han tomado forma violenta en las calles de numerosas ciudades del país, provocando más de cien muertos, Ortega ha denunciado también los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad y la violación de las normas del Estado de derecho, con arrestos sin mandato, disparos contra los manifestantes, derivaciones ilegítimas a la justicia militar de los detenidos.
La fiscal general también ha cuestionado la legitimidad de la convocatoria de una asamblea constituyente, que el presidente Nicolás Maduro, pretende llevar a cabo pese al rechazo de la oposición y a las dudas sobre su oportunidad manifestadas por los países que están mediando en la difícil crisis que vive el país, entre ellos la Santa Sede.
En estos momentos los intentos de mediación parecen haberse detenido o no producir efectos en un enfrentamiento que parece haber emprendido el camino de una escalada autoritaria.
Pedro Carreño TIENE UN SERIO PROBLEMA, NO PUEDE DENUNCIAR QUE LA FISCAL GENERAL TIENE UN PROBLEMA MENTAL (solo un zoquete puede denunciar semejante despropósito, si esta psiquiatricamente desequilibrada entonces es inimputable, y nadie puede radicar una denuncia en potencial) a la justicia bolivariana no le cree nadie y aquí queda más que acreditado. Me parece que esta bien centrada y los delitos los están cometiendo los denunciantes, y esos delitos son crímenes.