Los 7 mil milicianos de las FARC están entregando sus armas y volviendo a la vida civil. Preocupa que las zonas antes controladas por la guerrilla están cayendo bajo el dominio de grupos criminales.
Si, por un lado, el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC avanza hacia una positiva aplicación, en paralelo, se asiste con preocupación al crecimiento del poder de bandas criminales. Ante la retirada de unos 7 mil guerrilleros de los territorios bajo su control, quienes están ahora transitando hacia una inserción en la vida civil, grupos criminales están intentando reemplazar en esas zonas a las FARC.
Lo señala también, entre otras organizaciones, la “Fundación Paz y Reconciliación” y “Unión por la Paz”. Las dos entidades destacan que en algunos de los cientos de municipios abandonados por las FARC han aparecido grupos armados que intentan hacerse con el control del cultivo de la coca, las extorsiones y también la minería ilegal. En algunas regiones, la situación está derivando en una suerte de “anarquía criminal”, debido a la escasa presencia del Estado y a la lejanía de centros urbanos de importancia. En algunos casos, hubo una mayor presencia de la otra guerrilla del país, el ELN, en este momento comprometido en un proceso de paz similar, pero que no ha previsto todavía un desescalamiento sistemático de la violencia. Una fracción, aunque muy minoritaria, de las FARC, por su parte, se ha puesto en disidencia respecto de los acuerdos de paz y sigue en su actividad subversiva.
La situación ha aumentado el riesgo de las organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos e intereses de comunidades campesinas, en su mayoría. En los últimos siete meses, fueron asesinados 41 líderes de organizaciones sociales y 108 episodios violentos. Se señalan algunos resultados positivos en las últimas semanas, donde se han tomados medidas concretas desde el Gobierno. Pero es una situación que mantiene en alerta a las autoridades y a la sociedad civil. Sobre todo porque el proceso para que tanto el Estado como las comunidades vayan expulsando criminales y erradicando las actividades ilegales, es lento.
Para la Fundación Paz y Reconciliación, se aprecian “las limitaciones del Estado para construir gobernabilidad en los territorios dejados por las FARC”, con respuestas que han sido deficientes evidenciando que las autoridades no estaban preparadas “para responder a las necesidades mínimas de seguridad, justicia, infraestructuras, o posibilidades ecos para la población”.
El tema no es sólo enviar fuerzas de seguridad. Hay conflictos en los que debe poder intervenir el Poder Judicial y los demás estamentos de los poderes públicos. La capacidad de intervención del Estado, debe por tanto luchar contra el tiempo y los obstáculos que encuentra en el camino. Para ello, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos había conseguido un procedimiento más rápido de aplicación de la normativa relativa a los acuerdos de paz, llamado fast track. Pero la Corte Constitucional acaba de proclamar dos artículos – antes aprobados – que limitaban la intervención del Congreso en la aplicación de nuevas normas que aplican el acuerdo de paz.
En un informe presentado por la fundación, se destaca la necesidad de que el proceso de paz avance bajo la conducción de una única cabeza y que haya un relanzamiento del proceso, a través de la cooperación del espacio político que lo apoya, de modo que en su aplicación consigue incluso un mayor respaldo a nivel popular.
Más de un analista de lo que ha ocurrido en Colombia desde el comienzo de las negociaciones, ha señalado que el proceso debió tener una pata pedagógica no menos importante que la de las decisiones políticas. Se advierte ahora el peso de este aspecto, precisamente cuando se avizora poder llegar a un acuerdo también con el ELN. Hay que tener presente que una vez declarada la paz, es necesario tener un clima de paz.
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