El Gobierno ha mitigado la prohibición a los musulmanes de seis países, excluyendo a los que ya hayan tramitado la visa de ingreso al país. Pero los jueces siguen dudando de sus fundamentos.
La justicia de los Estados Unidos sigue frenando la política migratoria del presidente Donald Trump. Esta madrugada debía entrar en vigor una nueva versión de las limitaciones al ingreso de extranjeros se seis países de mayoría islámica, en una tentativa de evitar el fracaso del primer decreto que, luego de provocar el caos en los aeropuertos y recibir una andanada de protestas, fue paralizado por un juez de Seattle.
Pese a que el tono del texto fue menos dialéctico y más moderado en sus efectos, el juez Derrik K. Watson, de Honolulu, estado de Hawaii, utilizó los argumentos de su colega de Seattle para volver a paralizarlos. Básicamente, el argumento es que es preferible paralizar el decreto ante la posibilidad real de que sea declarado inconstitucional, y dar marcha atrás provocaría más inconvenientes que aplicarlo.
El segundo decreto había establecido que no se aplicaría con aquellos migrantes que ya habían tramitado una visa de ingreso al país. Lo que no deja de ser una medida razonable, considerando que el primer decreto le negaba la entrada a miles de personas que quedaron varadas en los aeropuertos pese a disponer de los documentos requeridos, e incluso mientras ya estaban viajando a los Estados Unidos. Sin embargo, el fundamento del veto al ingreso de los refugiados y migrantes islámicos al país sigue siendo una no demostrada cuestión de seguridad nacional.
Los jueces pretenden no entrar a valorar el fondo de la orden ejecutiva, sino que conceden una medida cautelar que la paraliza mientras procede el juicio que llegará al tribunal supremo sobre la constitucionalidad de los decretos. Los jueces entienden que los demandantes (varios estados) tienen posibilidades de ganar en su denuncia de inconstitucionalidad y que los perjuicios causados por el veto migratorio en caso de entrar en vigor serían graves e irreparables. En el caso de Hawaii se argumenta un perjuicio para el sistema universitario, a su actividad turística, además de aplicar un criterio discriminatorio contra los musulmanes. Los magistrados citan las propias palabras de Trump y su equipo, que dieron a entender que se trata del “veto total a musulmanes” anunciado durante la campaña electoral, luego matizado según avanzaba la elección.
El nuevo justifica la medida alegando que carece de espíritu antimusulmán ya que afecta a migrantes y refugiados de seis países (Irán, Siria, Sudán, Somalia, Libia y Yemen) que “representan una pequeña parte de los 50 países de mayoría musulmana y tienen menos del 9% de la población musulmana global”. El argumento fue vapuleado por el juez de Hawaii quien sostuvo: “La falta de lógica de la afirmación del Gobierno es patente. La idea de que uno pueda demostrar el ánimo contra cualquier grupo de personas solamente si apunta a todos a la vez es básicamente errónea. La Corte declina relegar su análisis de no discriminación a un mero ejercicio matemático”.
Trump calificó el fallo de “extralimitación judicial sin precedentes”, dejó entender que detrás del fallo hay intencionalidad política y reafirmó la intención de seguir peleando hasta la instancia del Tribunal Supremo.
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