En un estudio presentado en Santo Domingo señala la importancia de afrontar en modo decidido los múltiples aspectos de la desigualdad.
La pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad siguen siendo problemas estructurales en América latina y el Caribe. Pese a los avances conseguidos entre 2003 y 2013, cuando 73 millones de habitantes dejaron de ser pobres, existe un importante riesgo de retroceso debido al empeoramiento de los indicadores económicos y de mercado de trabajo, según el informe presentado por la CEPAL: “La matriz de la desigualdad social en América latina”.
En el estudio la CEPAL avanza en la profundización de las múltiples dimensiones de la desigualdad social.
El estudio, elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), fue presentado en Santo Domingo ante responsables de política social de 33 países de la región. En el texto se señala que para seguir avanzando en la superación de la pobreza es preciso enfrentar de forma mucho más decidida la desigualdad, cuyo primer eje es la clase social (o estrato socioeconómico).
Uno de los factores más evidentes es la desigualdad de ingresos, que constituye, a la vez, la causa y el efecto de otras desigualdades en ámbitos como la educación, la salud y el mercado de trabajo. El documento también menciona otras desigualdades entrecruzadas: género, raza y etnia, como elementos que se potencian y se encadenan a lo largo del ciclo de vida, generando profundas brechas sociales.
La pobreza e indigencia es significativamente más elevada entre los indígenas y afrodescendientes, siendo, en muchos casos, dos o más veces superior y especialmente acentuada entre la población femenina de esos grupos. Además, la incidencia de la pobreza es más elevada en la infancia y la adolescencia y las privaciones y la vulneración de derechos en esta etapa puede tener efectos profundos y perdurables para el bienestar y el desarrollo futuro de las personas.
Otro de los elementos que destaca el informe como eje de desigualdades es la maternidad adolescente, un fenómeno que se acentúa en las zonas rurales y que afecta directamente al nivel de estudios.
En el ámbito laboral, el análisis califica como “preocupante” el porcentaje de jóvenes que no está estudiando ni ocupado en el mercado de trabajo, siendo la proporción de mujeres en esa situación muy superior a la de los jóvenes del sexo masculino.
Un porcentaje significativo de esas jóvenes tiene una alta carga de trabajo doméstico no remunerado; esto evidencia la persistencia de una división sexual del trabajo que atribuye a las mujeres la responsabilidad principal o exclusiva en ese tipo de actividad.
La brecha relativa al género también se pone de manifiesto en el acceso a una pensión en la vejez. A nivel general, esta prestación sigue siendo un horizonte lejano en la región, a pesar de algunas mejorías en los últimos años.
El territorio constituye otro vector de desigualdades sociales, siendo las zonas con elevada proporción de población afrodescendiente o indígena los que presentan mayores niveles de pobreza. Más allá de los ingresos, las desigualdades en el acceso a servicios básicos está asociada a una gran disparidad territorial que marca el acceso a agua potable, electricidad, o vivienda y que incrementa la denominada brecha digital.
