Cinco tribunales penales fallaron contra la primera recolección de firmas por la presencia de identidades fraguadas.
La crisis política e institucional en Venezuela parece estar lejos de encaminarse hacia una solución. Los tribunales penales de cinco estados acaban de invalidar el proceso de recolección del 1% de las firmas del padrón electoral realizado por la oposición en abril para activar un referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. La decisión ha provocado que se detenga el nuevo proceso de recolección de firmas fijado por la constitución, esta vez el 20% del padrón, que debería realizarse del 26 al 28 de octubre.
En abril la alianza opositora MUD consiguió reunir 1,8 millones de firmas para promover la revocación del mandato presidencial. La ley establecía que había que recolectar un mínimo de 200.000 (el 1 por ciento del padrón). Sucesivamente las autoridades electorales, validaron más de 400.000 en un proceso que de por sí fue lento. Recién en setiembre se fijó la modalidad de la recolección del 20 por ciento y, sorpresivamente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que este se realizaría por estado y no sobre el total del padrón electoral nacional. Eso implica que si en uno de los 23 estados venezolanos no se alcance el porcentaje fijado por la ley, inhabilitaría el referéndum revocatorio.
La decisión sorprendió por su arbitrariedad. La Constitución en el artículo 72 requiere que un referéndum revocatorio es activado por el 20 por ciento de las voluntades “de la circunscripción que elige al candidato que se va a revocar, sea municipal, estadal, o nacional”, por lo que debería realizarse, como ya aconteció en el pasado, sobre la base nacional.
La lentitud del CNE en la definición de la fecha de recolección de las firmas y en fijar la fecha de la celebración del referéndum ha tenido repercusiones serias en el proceso político. La fecha del referéndum es clave porque de triunfar la revocación del mandato antes de que de que en enero se cumpla la mitad del período del presidente Maduro, la ley establece que se celebrarían nuevas elecciones presidenciales. Luego de enero, la ley establece que el mandato será completado por el actual vicepresidente. La decisión del CNE de realizar el referéndum en el primer trimestre de 2017 frustra por tanto las chances de la oposición de un giro político en momentos en que los sondeos muestran más del 60 por ciento de la ciudadanía a favor de interrumpir la presidencia de Maduro.
Las denuncias por la presencia de decenas de miles de firmas falsas (se señala la firma de fallecidos y de personas inhabilitadas para votar) han sido señaladas por el oficialismo en varias oportunidades, más allá de que su cantidad no haya tenido influencia en el proceso general. Echa una sombra en la transparencia del proceso de promoción del referéndum y en todo caso debería ser objeto de investigación. Lo que seguramente indica es el grado de exasperación del enfrentamiento político en el país, por el que se recurre a cualquier medio.
Estamos muy lejos de las intenciones de diálogo promovidas por la UNASUR con la mediación de tres ex jefes de Gobiernos y de Estado, entre ellos el español José Luis Zapatero y en la que se solicitó la presencia de un representante de la Santa Sede. Ni de un lado, ni del otro parece ser claro que sólo con el imperio de la ley y de las instituciones democráticas será posible que Venezuela vea la luz al final del túnel por el que transita.
